Mientras los femicidios se siguen reproduciendo en nuestro país, los distintos proyectos de ley para declarar la Emergencia Nacional por violencia de género siguen sin tratamiento en el Congreso, a pesar de la insistencia de legisladores de la oposición.

A raíz de los últimos casos de femicidios, que motivaron la marcha del próximo 3 de junio al Parlamento, la diputada nacional del GEN Virginia Linares insistió con un proyecto del interbloque Frente Amplio Progresista para atender esta situación y cumplir la normativa vigente.

¿En qué consiste la “Emergencia Nacional en materia social por violencia de género”? Este mecanismo obliga al Poder Ejecutivo a implementar la Ley 26.485, que está destinada a la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar” la violencia contra las mujeres.

De acuerdo al proyecto de Linares, también permitiría conformar unidades especializadas en todo el país “que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica”.

Entre otras cosas, la declaración de emergencia implicaría además implementar un sistema de alerta y localización georreferenciada para las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, así como las denominadas “casas refugio”, para resguardar su integridad.

Asimismo, el proyecto propone otorgar a las víctimas una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso”.

“En la Argentina cada 31 horas una mujer es asesinada por violencia sexista. A pesar de los avances legislativos, la situación no ha hecho más que agravarse” lamentó la legisladora del bloque liderado por Margarita Stolbizer.

Y recordó: “desde el año 2011 venimos reclamando en el Congreso de la Nación que el Poder Ejecutivo declare la Emergencia Pública ponga en funcionamiento un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y aplique de forma integral la Ley 26.485”.

Según Linares, “una prueba de esta necesidad es que en octubre de 2014, entre hogares dependientes de organismos gubernamentales y organizaciones sociales, el Gobierno nacional informó disponer sólo de un total de 1.187 plazas para mujeres en situación de violencia, y sus hijos, en todo el territorio nacional”.

“De una vez por todas se debe considerar a la lucha contra la violencia de género como un objetivo prioritario de las políticas de Estado, garantizando protección y asistencia a las víctimas para que no mueran más mujeres, ni sus hijos e hijas”, concluyó la legisladora.

Su proyecto lleva además las firmas de Stolbizer, Omar Duclós y Fabián peralta por el GEN; Hermes Binner, Gabriela Troiano y Alicia Ciciliani por el Partido Socialista; Jorge Valinotto por el Frente Cívico cordobés, y Victoria Donda, de Libres del Sur. Además suscribieron Carla Carrizo, de Suma+, y Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino.