Diputados del FpV salen al cruce de la fuerza policial creada en San Miguel

Califican de “inconstitucional” la iniciativa promovida por el intendente massista y alertan sobre “una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad”.

El bloque de diputados del FpV bonaerense, presidido por Fernando “Chino” Navarro, presentó un proyecto de declaración para expresar su más profunda preocupación por “el ejercicio antidemocrático e ilegal en el que incurre el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, al instar y promover a través del Honorable Concejo Deliberante la creación de una fuerza policial de proximidad por fuera del marco de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

En los fundamentos del proyecto, los diputados declaran que la norma es “inconstitucional”, porque la creación de un cuerpo de policía es una competencia del Estado Provincial, y segundo, porque “extralimita los alcances de la autonomía municipal”.

“Nosotros militamos y abogamos por el respeto y el ejercicio pleno de la autonomía municipal, pero es necesario hacer notar que una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad, sobre todo con un tema sensible como es la seguridad pública”, sostienen los legisladores en el texto presentado.

En otro tramo de la declaración, afirman los legisladores kirchneristas que “el hecho de que el Honorable Concejo Deliberante haya dictaminado a favor de una pretendida norma de notoria inconstitucionalidad nos infunde una gran preocupación. Hemos hecho público nuestro repudio ante la comunidad, pero es hora que esta Honorable Cámara de Diputados se expida, ya que estamos convencidos que el único camino está en el marco constitucional, es nuestra razón de ser y por ese motivo estamos sentados en las bancas”.

En ese sentido, enfatizan que “no queremos policías ilegales, queremos cuerpos de seguridad de la Democracia. Esta maniobra profundiza la inseguridad constitucional por la que se rigen los municipios y que pone de rehén a los verdaderos afectados por estos manejos, los vecinos de San Miguel”.

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