Ante el planteo judicial hecho por un diputado de la oposición para no realizar actos electorales en tiempos de veda, el jefe de Gabinete desestimó la solicitud.
Luego de que un diputado del radicalismo presentara un amparo ante la jueza electoral María Servini de Cubría, solicitando que Cristina Fernández de Kirchner “cese la actividad electoral ilegal”, con vistas al acto que encabezará este miércoles, en el que se prevé que anuncie el aumento a jubilados, Aníbal Fernández rechazó ese pedido.
En su conferencia de prensa habitual, el jefe de Gabinete desestimó el pedido del diputado Manuel Garrido señalando que “en este país se presentan medidas cautelares por cualquier cosa”.
“La ley dice que hay que anunciarlo, nada lo impide”, señaló Fernández en referencia a uno de los dos aumentos anuales para los jubilados, que la presidenta hará este miércoles. El funcionario señaló que “esto es en beneficio de los jubilados, se tiene que comentar públicamente”.
En ese acto previsto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la casa de Gobierno, se producirá la reaparición presidencial tras varios días de estar ausente, por un cuadro de laringitis aguda que la afectó la semana pasada.
En el evento se prevé la presencia del titular de la ANSeS, Diego Bossio, quien es precandidato a diputado nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Se prevé también la asistencia de otros funcionarios y dirigentes, como el precandidato presidencial oficialista Daniel Scioli y su compañero de fórmula, Carlos Zannini.
De acuerdo con el escrito presentado por el diputado Garrido, la presidenta y los funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones de gobierno deberían abstenerse de participar en el acto, ya que ello está prohibido por el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, recuerda el legislador radical.
El legislador consideró que “si bien el aumento semestral de las jubilaciones es una obligación legal que recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional, no surge de la ley la obligación de publicar el número del aumento en una fecha determinada, ya que el aumento comenzaría a regir a partir de septiembre, no resulta imprescindible y la presidenta debería abstenerse de comunicarlo durante los quince días anteriores a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”. Y agregó: “No hacerlo significaría una clara violación del Código Electoral Nacional, que dispone que ‘durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales’ y que ‘queda prohibido durante los quince días anteriores a la fecha… de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales’”.
