¿Puede un organismo del Estado integrado por personas incompetentes regular las compañías de telecomunicaciones, que muchas veces tienen más poder que el mismo Estado? El sentido común responde por sí solo y como sospechoso ejemplo aparece el proceso de designación del Sr. José Asad Peluc como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). El organismo estatal cuyas decisiones no sólo involucran negocios millonarios sino que debe garantizar la libertad en la Red, el derecho a la privacidad, la igualdad y la universalidad en el acceso a Internet. Con mencionar algunas de sus funciones se deduce la exigencia de idoneidad que se debe imponer a quienes integren el Directorio de la autoridad de aplicación de la llamada “Ley de Argentina Digital”. Precisamente, la complejidad y sofisticación de las nuevas tecnologías de la información hacen de la idoneidad un requisito insoslayable.

El irregular proceso de designación confirma el rol superfluo del Parlamento, manejado a control remoto por el Gobierno, ya que el señor Peluc nunca fue mencionado ni propuesto en el seno de la Comisión parlamentaria, integrada por diputados y senadores, a la que le corresponde acordar sobre los nombres postulados para semejante función. A pretexto de un debate político en torno a quién representa la tercera minoría en el Parlamento, disputada por el PRO y el Frente Renovador, fue ignorada la decisión de la Comisión, que en el mismo día que propuso al entonces diputado Miguel Angel Giubergia, por la Unión Cívica Radical, reconoció el derecho del bloque al que represento a postular al académico Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, destacado tanto por sus conocimientos técnicos como por su compromiso con la libertad de expresión. Alcanza con comparar los antecedentes de ambos candidatos. En tanto Bertoni se ha especializado en el conocimiento de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet, y el valor simbólico que transporta, la libertad de decir, el ex diputado Peluc, quien renunció a su banca provincial para saltar al directorio del AFTIC, apenas si muestra un curso en “Word y Excel”.

Integro la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización desde que fue creada para hacer el “seguimiento” -el eufemismo de control- de la “Ley de Medios”, a la que se le injertó el año pasado la participación de las empresas telefónicas, rechazadas cuando se sancionó la polémica norma. Hasta que surgieron los apetecibles cargos, a juzgar por la disputa, para integrar el Directorio de la AFTIC nunca antes, en el año y medio de funcionamiento de la Comisión, se objetó la representación política de los bloques que la integran ni se ocupó el lugar que hasta hoy permanece vacante para completar sus 16 miembros. Pero ante el ilegal proceso de designación de Peluc, por fuera de la Comisión, la discusión sobre su integración parece intentar encubrir un acuerdo del Frente para la Victoria con el Frente Renovador.

La manera en que se sancionó la ley, en tiempo express, la vaguedad de sus conceptos y la falta de transparencia en la conformación del Directorio reflejan que los poderosos intereses de las telefónicas pesan más que los valores y las demandas ciudadanas. La grandilocuencia abstracta del “proyecto nacional”, esa trampa ideológica a la que nos tiene acostumbrado un Gobierno que no está en retirada sino que quiere dejar bien atada las manos de los que en el próximo período deben imponer multas, distribuir licencias, evitar que los más grandes se coman a los más chicos. Y, sobre todo, garantizarnos los derechos a no ser espiados, controlados ni censurados.

Es función del Estado igualar las desigualdades y la asimetría entre las empresas poderosas y los derechos ciudadanos, reducidos a usuarios rehenes. ¿Pero qué Estado? ¿Un Estado clientelar? ¿Un Estado cuyos funcionarios no son los mejores por sus antecedentes, sin concursos públicos? La fuerza moral de la democracia es que sean los ciudadanos los que puedan mirar tanto las cuentas públicas como las decisiones en el otorgamiento de licencias, canales de cable, Internet. Pero, todavía más: que no se utilice la Red para que los comisarios políticos se metan en nuestras vidas, nos espíen y censuren. La magnitud de la función demanda procesos transparentes y honestos, sin la apetencia por los cargos para perpetuar los intereses grupales en desmedro de los derechos de la ciudadanía.

Esta vez debí acudir a la Justicia, con la confianza de que detendrá una designación claramente ilegal, aunque nada revele más más la inoperancia de la política que el hecho de que una ley termine judicializada porque esta situación demuestra que está lejos de garantizar igualdad.

Es de celebrar, en el mismo sentido, la reacción de las organizaciones sociales frente al manejo discrecional en la conformación de la AFTIC. Ya no se trata de defender personas sino de exigir con firmeza perfiles de idoneidad para evitar la corrupción y el manejo del Estado como un bien propio.

*Senadora nacional del Frente Cívico por Córdoba.