A meses de que finalice su gestión a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri envió diversos proyectos a la Legislatura que implican ventas, concesiones y fideicomisos. En la oposición cuestionan el carácter “privatizador”, pero por detrás se llevan a cabo las negociaciones para los puestos en los organismos de control.
A tres meses de dejar su cargo como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri envió a la Legislatura porteña una serie de proyectos para venta de inmuebles y concesiones. Las iniciativas, que despertaron la polémica entre las filas de la oposición, están con vista a ser tratadas en las próximas sesiones, y reúnen un interés particular para el comienzo de la nueva gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que comenzó con la discusión de la ampliación presupuestaria, en el período entre el balotaje porteño y las elecciones PASO del 9 de agosto, continuó con el aceleramiento de una serie de proyectos que fueron presentados en los últimos dos meses. La subasta del histórico “Buenos Aires Design”, la venta del Predio Ferial “El Dorrego” y la trasformación del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” mediante un fideicomiso entre empresas privadas y el Gobierno, despertaron las críticas por su carácter “privatizador”.
En primer lugar, la iniciativa que declara al predio Buenos Aires Design como “innecesario para la gestión del Gobierno” lo coloca a disposición de una subasta pública. El Ejecutivo porteño contempla en el proyecto que el Centro Cultural Recoleta, situado en el mismo lote que el tradicional paseo comercial y gastronómico, continuará bajo la órbita estatal pero “es necesario lograr la división jurídica de ambos espacios”.
En 1993, y tras el impulso del ex intendente Carlos Grosso, Buenos Aires Design fue entregado en concesión por veinte años. Antes del vencimiento del plazo, en 2012, el Gobierno macrista dispuso prorrogar el contrato por cinco años más.
El complejo ocupa 22.000 metros cuadrados cubiertos y cuenta con 65 locales –entre comercios, restaurantes, confiterías y un auditorio-, 32 stands, 162 cocheras y 7.000 metros de terrazas.
Actualmente, la concesión del centro está controlada por IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), el grupo inmobiliario que controla la mayoría de los shoppings del país.
En los fundamentos de la propuesta, que cuenta con la firma del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, se explica que el dinero obtenido de la venta del inmueble se destinará a la megaobra de Ciudad Judicial. La construcción de juzgados, fiscalías y defensorías reunidos en un solo predio en el sur de la Capital Federal es un proyecto que le costará al Gobierno porteño unos 120 millones de pesos, y se estima que la subasta de Buenos Aires Design deje un monto alrededor de los 60 y 70 millones.
Entre otros de sus argumentos, Macri consideró que “resulta conveniente utilizar formas de financiamiento que no comprometan el presupuesto ni aumenten la carga de los contribuyentes”.
Desde el interbloque ECO, el legislador Adrián Camps (PSA) señaló que “es mentira” que los fondos de la subasta son necesarios para construir la Ciudad Judicial “porque la misma norma que propuso este emprendimiento autorizó la venta de 15 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires para financiar su construcción”.
Por su parte, el diputado Pablo Bergel (Verde al Sur) presentó una contrapropuesta para que el Gobierno sea el que gestione Buenos Aires Design, y lo reintegre al Centro Cultural Recoleta como una “totalidad indivisible”, al igual que en sus orígenes.
Bergel sostuvo que el canon actual que paga la empresa IRSA “resulta claramente irrisorio, poco transparente y sospechoso, y debe ser investigado”. Además, subrayó que “vender el inmueble es, cuando menos, un despropósito. Desprenderse de un inmueble de esas características, en una zona declarada Áreas de Protección Histórica, es una clara pérdida del patrimonio público de la Ciudad, que debe ser evitada”.
Por otro lado, una iniciativa que también generó controversia es la que propone la venta de una fracción de un predio situado en el barrio porteño de Colegiales, donde actualmente funciona el complejo ferial “El Dorrego”.
En tercer lugar, el proyecto de ley para desarrollar un “plan integral” deportivo y comercial que “recupere, reposicione y jerarquice” el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, ubicado en el sur de la Ciudad, se llevará a cabo mediante la creación de un fideicomiso.
El fideicomiso tendrá un plazo de 30 años, desde su conformación, y en los fundamentos de la iniciativa se plantea que “es el vehículo jurídico más apropiado e idóneo” que permite “una mayor participación por parte de la Ciudad”. Este método es también criticado por la oposición ya que los inversores privados contarán con exenciones impositivas.
Entre los objetivos principales del plan se destaca el relanzamiento del Autódromo como sede central del automovilismo y motociclismo nacional, convirtiéndolo en sede de eventos de primer nivel. Además, se pretende instalar centros de formación y capacitación relacionadas con el automovilismo y locales comerciales.
En el medio, la negociación de cargos
El bloque del Pro estima encontrar el apoyo en la oposición, para aprobar las iniciativas explicadas anteriormente -junto a un paquete de proyectos que buscan renovar concesiones en distintos espacios sociales y deportivos-, con la discusión puesta en los cargos que deberán definirse para los diferentes organismos de control. Sobre todo, los puestos más codiciados son los siete que corresponden a la Auditoría General de la Ciudad y los tres del Consejo de la Magistratura.
El partido amarillo y el kirchnerismo buscarán presentar los pliegos de los postulantes antes de que se efectúe el recambio legislativo, el próximo 10 de diciembre. De ser así, la discusión por los cargos afectará al interbloque ECO que hoy por hoy es la tercera minoría del Parlamento, pero pasará a ser la segunda y, por ende, estaría en condiciones de reclamar más puestos en los organismos.
Dentro de la lista de los “nominados”, para poder ganar un cargo, se encuentran por el lado del Pro los legisladores Oscar Moscariello y Enzo Pagani, del ala de Daniel “El Tano” Angelici y actualmente dirigentes de Boca Juniors. Ambos aspiran una banca en el Consejo de la Magistratura, pero quien se encuentra con chances más reales es Pagani.
Por el lado del Frente para la Victoria, está casi confirmado que Mauro Riano de La Cámpora será el postulante, por lo que ningún legislador porteño de la oposición tiene muchas posibilidades de llegar al Consejo.
La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, aceleró la presentación de los nombres para el Consejo de la Magistratura y mediante una carta pidió: “Convócase a los presidentes de los bloques parlamentarios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentar en la Vicepresidencia 1°, antes de las 18 del 2 de septiembre de 2015, a los candidatos, titulares y suplentes, para representar a la Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, acompañando el currículum de los postulados”. Sin embargo, se corrieron los plazos para designar todos los cargos -no sólo los del Consejo- el próximo 15 de septiembre.
Por otra parte, la diputada macrista Raquel Herrero, la kirchenrista Claudia Neira y Aníbal Ibarra suenan como posibles postulantes para la Auditoría General de la Ciudad. En este organismo se renovarán siete bancas, de las cuales cuatro irían para el Pro y tres para la oposición. En este momento, ECO tiene solamente un representante en la entidad. El nuevo interbloque integrado por la Coalición Cívica, SUMA+, Confianza Pública, el Partido Socialista y el Partido Socialista Auténtico no quiere quedar fuera de la discusión y espera que esta segunda nómina de aspirantes se negocie entre las tres minorías.
La Auditoría es un cuerpo colegiado, integrado por siete miembros que son designados por cada partido político o alianza de la Legislatura en base a su proporción en el Cuerpo.
