Ante las numerosas denuncias de producción y comercialización de drogas en las villas de la Capital Federal, los legisladores Cristian Ritondo y Gustavo Vera analizan las herramientas para la lucha contra el flagelo, pese a ser considerado un delito federal. La urbanización surge como un factor central que ayudaría a desbaratar las distintas organizaciones que operan en la Ciudad.
Por Melisa Yael Jofre
En los últimos años el narcotráfico ha ocupado numerosos espacios en los medios de comunicación de Argentina, y en distintas oportunidades se lo ha calificado como un “delito político”. Desde la oposición fueron diferentes funcionarios los que advirtieron, y advierten al oficialismo nacional, sobre la producción de drogas en el país.
En la Ciudad de Buenos Aires el preocupante tema se vislumbró en el último tiempo tras un aumento de homicidios registrados en las villas 31, de Retiro, y 20, del Bajo Flores, generado a raíz de la lucha por la comercialización. Sin embargo, es respecto a esta última -conocida como el asentamiento 1-11-14- que se han presentado denuncias ante la Justicia informando sobre la consolidación de un mercado que no sólo vende cocaína, sino que además la produce en cocinas instaladas a no más de seis kilómetros de la Casa de Gobierno.
Desde el Pro, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, formó parte del panel de la presentación del libro “Laboratorios de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires” señaló que “los narcotraficantes entran por la frontera”. En la publicación, escrita por un exasesor del Ministerio de Seguridad durante el período que ejerció como ministra Nilda Garré, se expone el grado de penetración y avance del narcotráfico en el Bajo Flores a través de una serie de informes.
Según las pruebas presentadas por Jorge Rodríguez, autor del libro, en la 1-11-14 se detectó una zona liberada, de alrededor de quince manzanas, en donde hay un cartel de narcotraficantes que se dedican a la producción, mercantilización y distribución de cocaína. La organización es liderada por Marcos González Estrada y sus familiares. Estrada es un exSendero Luminoso, la agrupación terrorista que asoló Perú.
El diputado Gustavo Vera (Bien Común) contó a Semanario Parlamentario que “en el transcurso de 2007 a 2010, en un lugar que era de inmenso tránsito y de presencia de mulas, se pasaron a construir alrededor de diez cocinas de clorhidrato de cocaína. Estos informes, en su momento, fueron elevados a la ministra Garré. La ministra poco hizo para combatir este fenómeno, lo único que hizo fue separar a la Policía de la 1-11-14 y armar el cinturón sur con la Gendarmería que custodia la periferia de la zona, pero que no se mete demasiado con lo que ocurre internamente”.
Vera detalló que las denuncias sobre las cocinas de drogas fueron presentadas en el Juzgado Federal Nº2, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y ante la fiscalía especializada en narcocriminalidad PROCUNAR.
Frente a la insuficiencia de políticas públicas contra el tráfico de drogas, y la imposibilidad por parte de la Ciudad de Buenos Aires de condenar estas prácticas, debido a que el narcotráfico es un delito federal, el legislador considera que igualmente desde la Ciudad se puede colaborar con la Policía Metropolitana que tenga “una actitud proactiva mucho más grande”.
“Es una vergüenza que la Policía Metropolitana, que si bien trabaja aceptablemente cuando está bajo la tutela de alguna tarea de inteligencia que le designa un juez federal, no tiene una política proactiva; proactiva es que la Policía Metropolitana no hace denuncias por narcotráfico, cuando las tendría que hacer y pedir permiso para intervenir a cualquier juez interviniente. En los lugares donde patrulla, a pesar de que ese sea un delito federal, frente al delito in fraganti obviamente puede actuar, si actúa significa que se tiene que presentar la denuncia, se tiene que pedir un allanamiento, y si actuaría así esto hubiera acelerado la posibilidad de combatir este tipo de delito”, enfatizó el diputado.
No obstante, el titular de la Fundación La Alameda sostuvo que “hay que seguir bregando por el traspaso íntegro de la policía, con los plenos poderes de la Policía Federal” y “depurar” a la actual policía local, a la que también se la denuncia en el libro.
Por su parte, el diputado Cristian Ritondo (Pro) aseguró a Semanario Parlamentario que el combate contra el flagelo, desde la Ciudad, es seguir reclamando por el traspaso de la Policía Federal y las competencias penales. “Cuando nosotros tengamos el manejo de la Policía Federal para que trabajen coordinadamente con la Metropolitana, los narcos no van a estar tranquilos, porque los vamos a perseguir y juzgar con todo el peso de la ley. Mauricio Macri va a transferir la Policía Federal si es presidente”, afirmó el vicepresidente primero del Cuerpo legislativo.
Ritondo coincidió además con Vera en que la Policía Metropolitana “tiene la obligación de actuar en caso de flagrancia”. Cabe destacar, que actualmente, la fuerza policial tiene un área de Delitos y Crimen Organizados.
En tanto, el legislador se mostró criticó con el Gobierno nacional al señalar que “en la medida que no reconozca que Argentina dejó de ser un país de consumo, y que acá también se produce; toda vez que se minimice que acá hay instalados narcotraficantes y siguen llegando; si no se reconoce la complicidad de algunos integrantes del poder político y de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad para que las fronteras sean un “colador” por donde pasa la droga, se hace muy difícil”.
“Sin embargo, ponemos a disposición nuestra fuerza de seguridad para terminar con este veneno que mata y destruye”, recalcó el diputado a Parlamentario.
Asistencia a las víctimas de adicciones
Vera resaltó que las herramientas legislativas para aportar a la lucha contra el narcotráfico deben consistir en “crear centros de denuncias donde la gente pueda presentar la denuncia” y desde el aspecto de la asistencia destacó: “en el 2005 se votó una ley, que está sancionada, ante la cual se iban a crear centros de asistencia para la recuperación de adictos, uno por comuna. A la fecha esto está incumplido y solamente hay dos, lo cual es insuficiente para la cantidad de gente que tenemos con adicciones”.
“El otro aspecto es que tiene que existir, para los adictos que se recuperan, algún plan de reinserción laboral en el ámbito privado y en el estatal, porque la persona que se recupera después cuando va a buscar trabajo se encuentra estigmatizado porque no tiene una historia laboral reciente, ya que el proceso de recuperación le lleva entre 2 o 3 años, y no lo toman. Se les hace muy difícil reinsertarse laboralmente, por lo cual tiene que haber un cupo para víctimas de adicciones y trata”, agregó.
