El proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Kirchner y sancionado este miércoles en la Cámara de Diputados contiene dos propuestas fundamentales. Protección de acciones. La norma apunta a “blindar” las acciones que el Estado tiene en empresas de modo que su venta solo sea autorizada con el voto positivo de las dos terceras […]
El proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Kirchner y sancionado este miércoles en la Cámara de Diputados contiene dos propuestas fundamentales.
Protección de acciones. La norma apunta a “blindar” las acciones que el Estado tiene en empresas de modo que su venta solo sea autorizada con el voto positivo de las dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados, una suma que pocas veces se consigue en la dinámica parlamentaria. Sin embargo, por medio de una mayoría simple se podrá derogar la ley y así anular esa exigencia.
Creación de la ANPEE. La ley crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), a quien corresponderá el ejercicio de los derechos que otorgan las acciones y el capital de empresas privadas en manos del Estado.
Se trata de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las participaciones accionarias o de capital en manos del Estado.
Las acciones son de un vasto conjunto de compañías: desde Techint y Telecom, pasando por BBVA Banco Francés y Edenor, hasta el Grupo Clarín y el shopping Alto Palermo, entre muchas otras que a partir de los noventa participaron del negocio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Con la estatización de los fondos jubilatorios a través de la Ley 26.425, estas acciones pasaron a manos del Estado.
En reemplazo de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado del Ministerio de Economía, la Agencia se integrará con un directorio y un Consejo Consultivo y estará controlada por la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas a crearse en el ámbito del Congreso.
El directorio será presidido por el director ejecutivo de la ANSES; tendrá dos directores designados por el Poder Ejecutivo y otros dos propuestos por la comisión bicameral, en representación de la primera y de la segunda fuerza parlamentaria, respectivamente. Todos ellos durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelectos por otro período.
El directorio deberá coordinar planes de acción conforme la política económica nacional; designar a los representantes de la Agencia en las asambleas de las empresas; implementar un sistema de información que permita el monitorea del desempeño de las empresas; e informar semestralmente al Congreso sobre el avance de los resultados y estados financiero de las sociedades bajo su órbita; entre otras cuestiones.
Además, se creará una comisión bicameral compuesta por ocho diputados y ocho senadores con el fin de hacer un control y seguimiento de la ANPEE.
Esta comisión podrá remover, por mayoría simple, a alguno de sus directores en caso de que cometa un ilícito o incumpla con la Ley de Ética Pública. Pero, si se comprobara un mal desempeño de sus funciones, podrá ser apartado por decisión de las dos terceras partes de los miembros de la bicameral.
El Consejo Consultivo de la Agencia será el ámbito de consulta no vinculante de su directorio y estará conformado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la ANSES y también uno de la CGT, todos con dos años de mandato.
El proyecto declara de interés público la protección de estas acciones con el objetivo de “garantizar y preservar la sustentabilidad” del FGS y de promover “el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al accionista Estado nacional (…) para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias”.
Según el Ejecutivo, su propuesta “busca contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado nacional”.
En la fundamentación del proyecto, el kirchnerismo sostiene que “el Estado nacional ha sido a lo largo de la historia reciente, un promotor del desarrollo empresarial, buscando contribuir de esta forma con sectores de la economía que hacían imprescindible su participación”.
El Gobierno destaca que la iniciativa cuenta con antecedentes en otros países, por ejemplo con la conformación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (España), el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Bolivia), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Perú) y el “Ownership Steering Deparment” (Finlandia).
