Obtuvo dictamen de comisión la norma que regula también los pagos a procuradores y auxiliares de la Justicia Federal y Nacional, y este miércoles podría obtener media sanción.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General del Senado emitieron dictamen para el proyecto de ley del senador Rodolfo Urtubey, que regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Federal y Nacional. Para el autor de la norma, se trata de “una ley muy superadora de la legislación vigente que garantizará un umbral mínimo de dignidad para la retribución a los abogados”.
“Hay que superar la antinomia histórica entre abogados y contadores, la iniciativa establece una sindicatura colegiada y compartida que contempla el trabajo conjunto y complementario de ambas profesiones”, sostuvo el senador salteño.
Con la nueva norma, los honorarios tendrán carácter alimentario y serán inembargables. La moneda de pago de honorarios se llama UMA, Unidad de Medida Arancelaria, que es un porcentaje de la remuneración de un juez federal con seis años de antigüedad.
Rodolfo Urtubey negó que se haya desalojado a los contadores en quiebras y concursos y explicó que “la iniciativa establece una sindicatura colegiada y compartida, cada vez que haya un contador como síndico habrá un abogado como patrocinante jurídico y cada vez que haya un abogado como síndico habrá un contador como asesor contable. No es sacar a uno para poner a otro, es un trabajo conjunto.Tenemos que superar esa antinomia histórica entre abogados y contadores para plantear este paradigma de trabajo conjunto para el que las dos profesiones están capacitadas”.
El legislador salteño recordó que “la iniciativa en tratamiento es fruto del trabajo conjunto y el consenso con el Ministerio de Justicia de la Nación y distintas áreas de la justicia. Esto es una muestra de cómo se pueden y se deben hacer las leyes en la Argentina”.
El plenario de las comisiones aprobó el dictamen esta tarde tras la celebración en semanas anteriores de reuniones en las que participaron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires.
