Lo afirmaron las titulares del Observatorio de Derechos Humanos y del Comité Contra la Trata en el marco de una jornada de debate en el Congreso. “Argentina tiene un sistema articulado para la prevención y erradicación de la explotación social”, aseguró Elena Corregido.
El Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que preside Elena Corregido, la Asociación del Personal Legislativo (APL), a cargo de Norberto Di Próspero, y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, dirigido por Cecilia Merchán, realizaron en el Congreso una jornada de debate sobre uno de los temas más preocupantes de la era contemporánea: la trata y la explotación sexual.
La jornada, titulada “Trata y Explotación de Personas: una mirada integral desde una perspectiva de género y derechos humanos”, tuvo lugar en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y contó, además, con la participación de la periodista Rosario Lufrano, de la jueza Ana Figueroa y de Viviana Espejo del Renatea.
El debate fue moderado por Malena Errico de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.
“La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos. Es un delito que requiere de una estructura importante y perfectamente aceitada y necesita la connivencia de las estructuras burocráticas de las distintas jurisdicciones para su funcionamiento”, denunció Elena Corregido en la apertura del debate.
No obstante, la exsenadora nacional destacó que Argentina ha realizado avances en este tema, por ejemplo, a través de la firma de convenios internacionales; de la Ley 26.364 que define el concepto de explotación, establece penas a los partícipes y a los encubridores del delito de trata y determina derechos a las víctimas y medidas de protección; y de la Ley 26.842 que establece expresamente que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
“Además esta ley crea el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y para la protección y asistencia a las víctimas y en el Ministerio Publico Fiscal el sistema sincronizado de denuncias y asigna el número telefónico 145 para denuncias y asistencia a las víctimas y modifica las escalas penales por el delito de trata”, explicó.
La dirigente oficialista también resalto la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y la conformación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
“En nuestro país tenemos un sistema articulado que integran el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público”, afirmó la titular del Observatorio.
Por otra parte, Corregido aseguró que “sin clientes, no hay trata” y recalcó que “de nada sirven las leyes sin jueces que las apliquen; necesitamos un Poder Judicial comprometido con las políticas de derechos humanos”.
En esta línea, la jueza de Casación Penal, Ana María Figueroa, afirmó que “ninguna mujer nace para ser víctima de hombres prostituyentes” y que “pagar por sexo es violencia”.
Además, se pronunció a favor de llegar a juicio oral en los casos denunciados y aseguró que la educación también es fundamental para construir una sociedad igualitaria en el siglo XXI.
Al hacer uso de la palabra la periodista Rosario Lufrano aseguró que Argentina se convirtió en un país de captación y sometimiento a la trata, con la connivencia de diversas autoridades públicas, y abogó por la necesidad de concientizar sobre el tema. “Hay que hablarlo todos los días en todos los ámbitos”, expresó, manifestando que la sociedad debe interiorizarse e involucrarse para erradicarla.
A su turno, la coordinadora de políticas de inclusión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Viviana Espejo, informó que alrededor de 700.000 mujeres y hombres migran por el trabajo agrario y que es necesario controlar esos traslados y sus condiciones para prevenir la trata. “La situación de pobreza contribuye a ser víctimas de este delito, por eso la presencia del Estado es fundamental”, aseveró.
Por último, la titular del Comité para la Lucha contra la Trata, Cecilia Merchán, destacó la Ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas sancionada en 2008 y el debate generado sobre la exigencia del consentimiento de las víctimas mayores de edad, que luego fue derogado por la Ley 26.842 de 2012.
Merchán sostuvo que en el país se recataron más de 1.800 víctimas de trata desde el 2008 hasta la actualidad “Este delito requiere de grupos delictivos, de connivencia de los actores del poder y de una sociedad machista que cree que las mujeres pueden ser compradas y vendidas”, advirtió.
