Ante las denuncias reiteradas efectuadas por los apoderados de la mayoría de las listas que participan en estas elecciones acerca de la distribución de boletas apócrifas, Transparencia Electoral sostuvo a través de un comunicado que esos votos deben ser considerados válidos.

En ese sentido puntualizó que “la Justicia no puede ser funcional a este delito electoral que busca confundir al elector y que se encuentra debidamente estipulado en el Código Nacional Electoral en su artículo 138 que establece la prohibición de falsificar documentos electorales y en el artículo 139 inciso b cuando ‘se compeliere a un elector a votar de determinada manera’”.

Recordó que también se contempla este tipo de práctica delictiva en el inciso g, en donde se determina penas para aquel que “falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adultere u ocultare una lista de sufragio”.

“Es evidente que el elector que deposite una boleta no oficializada que no reviste mayores diferencias con la oficializada no busca anular su voto sino por el contrario revela que ha sido engañado al efecto de anular su voto en el marco del escrutinio de mesa”, puntualizó Transparencia Electoral, que acotó que “anular su voto en el marco del escrutinio de mesa significa en los hechos la violación de su derecho político a elegir”.

El comunicado añade que “la Justicia debe definir un criterio antes de los cierres de mesa pare evitar confusión, tensión y hechos de violencia que puedan derivarse de estos delitos que han sido oportunamente denunciados”. En este sentido, afirman que “existen antecedentes al respecto en donde la Justicia consideró como votos válidos a boletas no oficializadas”, por lo que insta a la Cámara Nacional Electoral a que convoque a los apoderados de partidos para unificar criterios al respecto.

“Transparencia Electoral entiende que las boletas apócrifas que buscan confundir al elector deben ser considerarse como votos válidos”, expresó, advirtiendo que “en su defecto las autoridades de mesa deberían aceptar que los fiscales de las listas damnificadas puedan recurrir los votos a los efectos de determinar si ese voto es válido o no en el marco del escrutinio definitivo”.

Transparencia Electoral sostiene que estas decisiones a tomar permitirán garantizar el respeto a la voluntad de todo elector engañado en su buena fe. “La Justicia no debe avalar una acción delictiva a gran escala argumentando un aspecto de la norma cuando se han vulnerado derechos y cometido delitos previos también contemplados en la normativa”, concluyó.