El ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó que el Gobierno postergará por decreto la implementación del Código Procesal Penal, prevista para el 1ro. de marzo del año próximo, y anunció además que se buscará modificar esta ley.

En diálogo con el canal TN, Garavano señaló que “probablemente el Gobierno dicte varios Decretos de Necesidad y Urgencia” en los próximos días y uno de ellos tendrá que ver con la puesta en marcha del nuevo Código.

“El 1ro. de marzo debería empezar a implementarse el Código Procesal Penal de la Nación, una ley de importancia tremenda en la vida de todos los ciudadanos”, indicó Garavano, pero advirtió que “no hay forma” de llevar esto a cabo.

“El día que yo llegué a mi oficina –relató- me encontré con un informe del gremio de judiciales y de la comisión bicameral indicando que era imposible poner en marcha esto, con lo cual no nos queda más remedio que, por un Decreto de Necesidad y Urgencia, postergar su puesta en marcha”.

Además, anunció que el macrismo intentará modificar este Código, al que calificó como “realmente descabellado” ya que “el Gobierno hizo una improvisación”.

Explicó en este sentido que “en la mayoría de los países de la región, este tipo de códigos se empiezan a implementar en lugares de menor densidad poblacional”, es decir, primero en el norte y en el sur, para luego aplicarse en las grandes ciudades.

En cambio, el Código sancionado a instancias del kirchnerismo establece que las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único.

“La única explicación de la forma en que se decidió implementar este Código Procesal Penal sólo responde a intereses políticos totalmente alejados de la necesidad de la población, que necesita una Justicia penal mucho más efectiva”, concluyó el funcionario.

El nuevo Código reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la facultad de investigar.

En junio de este año, el Congreso aprobó las leyes para su implementación –que incluso ya había sido postergada-, junto con la polémica Ley de Subrogancias.