Intentando razonar, desde una obvia mirada ideológica y cultural que todos poseemos, pero sin que esto distorsione realidades y sobre todo poniendo el mejor humor para entender otras verdades relativas, aprecio que en el área de las comunicaciones, se está demoliendo desde una verdadera retacería legal a veces carente de sentido y de juridicidad, una de las expresiones regulatorias más debatidas popularmente y más necesarias en cualquier sociedad moderna, como es la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Es forzado argumentar sobre la vetustez de la norma pues de entenderse así se habría mejorado mediante patrones de modernidad mayor democracia y, respetando los pasos legales, se hubiese sumado y hasta modificado lo que fuere arcaico. Por el contrario, casi todo lo que se hizo retrocede peligrosamente en el tiempo y entre las nuevas regulaciones y las definiciones de los responsables del área como el ministro Aguad y el titular de Enacom Miguel De Godoy ya casi orillamos el siglo 19 en materia de comunicación y radiodifusión!.

Falta un debate nacional y plural. Interdisciplinario e intersectorial entre todos los protagonistas del universo infocomunicacional de la Argentina. Cosa ésta que sí se realizó en ocasión de construirse la Ley 26522. Y más allá de nombres propios, puestos y cargos o bravatas que en nombre de la ley se efectuaron, es imposible negar que es, tal vez, la ley mas debatida y consensuada de la historia parlamentaria reciente.

Las actuales autoridades, que ganaron sus lugares de decisión en buena ley y mediante elecciones democráticas no han demostrado ningún compromiso con reflexiones como que “la comunicación es mucho más que un espacio de mercado” o concebirla en consonancia con el Art.13 Del Pacto de San José de Costa Rica, como un derecho de la humanidad y no como un negocio empresarial. Muy por el contrario, van desarmando día a día aquellos mejores valores que aseguraban un escenario equilibrado y moderno en el mundo de la comunicación. El haber mandado a archivo todo el proceso de adecuación de las grandes empresas de medios es de un daño tremendo a la vez que muestra una vocación rastrera del funcionariado nacional que lleva adelante una medida que si bien es beneficiosa para las grandes concentraciones de medios, estaba siendo con más y menos voluntad cumplida por los mismos. O sea que ya hacen más de lo que les piden ¡

No existe modernización tecnológica si no es producto de una decisión compartida por todos los protagonistas sobre qué es lo mejor para el interés del pueblo consumidor de medios y de instrumentos de la comunicación. No pueden mediante forzados legalismos manu militari imponer decisiones sobre este campo que, precisamente, es riquísimo no solo en valores de mercado sino en valores simbólicos y en conformación de espacios culturales, educativos y de información y entretenimiento.

No existe país en el mundo que deje la comunicación en manos del mercado…no existe¡. Lo más profundo que como definición en el tema le escuchamos al ministro Aguad fue repetir que “los celulares funcionan mal”. No asumen lo que es la comunicación como valor simbólico, como ligazón de percepciones nacionales, como industria cultural del interior del país, como derecho humano. Lo que les importa es “que los celulares funcionan mal”.

La modernidad regulatoria del mundo se sostiene en considerar a los ciudadanos y sus opiniones, en realizar audiencias para que todos sean sujetos de derecho, asegurar el pluralismo en las opiniones sobre el tema y defender a quienes llevan adelante la producción nacional, provincial y local en medios para que los bienes y servicios construidos tengan el valor adecuado y se equilibren frente a los poderosos del ambiente.

Debemos reconocer que no todo eran rosas con la aplicación de la ley y que, fundamentalmente, los incluidos en el tercio de espectro como privados sin fines de lucro, no recibieron casi nada de lo que precisaban para poder conformar sus medios radiales o señales televisivas. Y eso fue un error, una omisión o decisión de nuestros propios funcionarios, pero estaba la ley, estaba el rumbo y en algún momento se iría cumplimentando lo establecido.

Lo actual es lo contrario, amenazan con demoler la legalidad de una norma reparatoria y útil y todo indica que se camina a mayor concentración que asegure a los más grandes mejores porciones de mercado. No se puede converger desde la anarquía legal, no hay convergencia sin que se regule con participación ciudadana y sostenida desde la legitimidad del orden jurídico.

Tengo la mente abierta para entender otras perspectivas, no quiero caer en cerrazones dogmáticas ni en descalificaciones fáciles pero incorrectas. Pero confieso que en este tema…no hallo casi nada bien hecho.

Osvaldo Nemirovsci es diputado nacional (MC). Ex Presidente Comisión de Comunicaciones HCDN. Presidente de FONTIC – Foro Nacional de las Tics