Tras haberse acordado las autoridades y una rotación entre Cambiemos y el FpV en la presidencia, ya preparan el inicio del análisis de los decretos de Macri.
La primera gran pelea legislativa entre el oficialismo y la oposición se dio en torno a la Comisión Bicameral encargada de controlar los DNU, al fracasar un acuerdo por el cual el oficialismo y la oposición se repartían la presidencia los primeros dos años. A instancias de la expresidenta Kirchner, sobre la hora la oposición buscó reducir el lapso acordado a seis meses y el acuerdo se cayó.
Sobre el final de la última semana eso se recompuso, estableciéndose que el senador radical Luis Naidenoff conducirá durante 2016 la estratégica comisión, y en 2017 le tocará al diputado Marcos Cleri, de La Cámpora.
Ahora se acordó como primera cita el martes 16 de febrero. Hecha ya la convocatoria, resta resolver ahora qué tratarán, pues mientras el oficialismo solo querría discutir en comisióin los DNU firmados los últimos diez días, el FpV quiere que se debatan todos. Para Cambiemos, los anteriores deberían ser directamente abordados en los recintos de ambas cámaras.
Se resolvió finalmente que la bicameral se expida en torno a todos los decretos.
La comisión, que se encarga de dictaminar sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) de los presidentes, estará integrada por ocho legisladores del Frente para la Victoria, seis de Cambiemos y dos del peronismo disidente.
Los representantes de la Cámara de Diputados son Marcos Cleri, Diana Conti y Juliana Di Tullio del Frente para la Victoria, Nicolás Massot y Pablo Tonelli del Pro, Mario Negri y Luis Petri de la UCR y Raúl Pérez UNA-Frente Renovador.
Los senadores en la bicameral serán Mario Pais, Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal y Graciela De la Rosa del Frente para la Victotria, Luis Naidenoff y Ángel Rozas de la UCR y Adolfo Rodríguez Saá del Interbloque Federal.
Los DNU de Macri
Como todos los presidentes, el líder del Pro inició su mandato con una modificación de la Ley de Ministerios sin aval del Congreso. Así como Cristina Fernández creó por decreto las carteras de Ciencia, de Industria y de Cultura, Macri también modificó el organigrama de la administración pública para anular los ministerios de Economía y de Planificación y crear el de Comunicaciones, entre otros tantos.
Pero teniendo en cuenta esta tradición presidencial, el DNU 13/15 no hubiera generado tanta controversia si no hubiese modificado uno de los tesoros del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sucede que el presidente utilizó este decreto para colocar a la AFSCA y a la AFTIC, autoridades de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, a pesar de que ambas normas establecen que los organismos deben ser autárquicos; es decir, gobernarse por sí mismos, como hacen las universidades.
Pero es no fue todo. Días después, estas dos leyes sufrieron modificaciones de fondo por medio de otro decreto de necesidad y urgencia (267/15) que anuló las autoridades de aplicación, creó el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones, removió a los directores designados por el Congreso y desreguló el servicio de televisión por cable.
Días después el presidente firmó otros dos DNU en materia de justicia. El 256/15 modificó la Ley de Inteligencia sancionada en febrero de 2015 que dispuso el paso del sistema de escuchas telefónicas desde la entonces Secretaría de Inteligencia al Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandra Gils Carbó.
Ahora, con el nuevo decreto se traspasó dicha dependencia a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, el presidente emitió otro decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de aplicación del nuevo Código Procesal Penal sancionada en junio pasado con el objeto de postergar su debut.
Macri también firmó DNU en materia económica. El 211/15 modificó la Ley de Presupuesto y derogó el artículo 52, que preveía la entrega de una nueva letra del Tesoro al Banco Central. El 73/16, en tanto, derogó el DNU 2635 de Cristina Kirchner, que había dispuesto la transferencia del 15 de los fondos de Coparticipación a todas las provincias, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
