Diputada de Misiones quiere que la ministra de Seguridad rinda cuentas al Parlamento por el protocolo anti-piquetes. “Ahora se prioriza la represión sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas”, alertó.
Como diputada opositora, Patricia Bullrich pidió continuamente que funcionarios kirchneristas sean interpelados en el Congreso. Ahora, que está en el Poder Ejecutivo, le tocó a ella.
La diputada nacional Silvia Risko, del Frente para la Victoria por Misiones, presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación de la ministra de Seguridad de la Nación.
El objetivo: que dé explicaciones sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
Según la legisladora, la resolución ministerial del pasado 18 de febrero “puede traer consecuencias como el caso de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan”, los jovenes militantes que fueron asesinados en junio de 2002 en las inmediaciones de la Estación Avellaneda durante una protesta social.
El proyecto también pide la presencia en el Congreso del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.
“Entre otras cosas queremos saber por qué en el texto del protocolo no se menciona la prohibición del uso de armas de fuego. Tampoco quedan claros los motivos por los que se busca limitar el trabajo de la prensa durante las manifestaciones públicas, o por qué causas se omite especificar que los integrantes de las fuerzas de seguridad estén debidamente identificados durante los operativos para controlar las manifestaciones. Pero lo que más preocupa es que el Estado vuelve a dejar sin control a las fuerzas de seguridad”, argumentó la diputada Risko.
Organizaciones de periodistas advirtieron en el mismo sentido que si la prensa se ve obligada a permanecer en un lugar determinados por las fuerzas de seguridad, además de restringirse la libertad de prensa, se evitarían coberturas como las de la Masacre de Avellaneda, cuando fotógrafos revelaron cómo fuerzas de seguridad asesinaban a los militantes.
“Otra cuestión que no se entiende y que es desde lo jurídico inadmisible, es el hecho de que una resolución ministerial pretende controlar el ejercicio de derechos fundamentales, lo cual sólo se logra a través de una ley en sentido formal, es decir emanada del Congreso de la Nación”, se lee en uno de los párrafos de los fundamentos del pedido de interpelación.
Risko también sostuvo que en el nuevo protocolo se “evidencia un severo giro respecto del enfoque que se tenía respecto de la protesta social” en el Gobierno nacional, en alusión a la política de seguridad del kirchnerismo.
“Ahora se prioriza la represión sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas”, alertó.
La diputada aspira a que el pedido de interpelación sea apoyado por los otros bloques de la oposición. “Sería muy bueno que Bullrich vuelva a pisar el Congreso, en este caso para dar explicaciones. La ministra se está manejando de la misma manera que lo hizo cuando era funcionaria del gobierno de la Alianza”, apuntó Risko.
La legisladora del Frente para la Victoria, en diálogo con distintos medios de prensa, amplió los interrogantes que planteó en el proyecto: “Nos gustaría que nos cuente con qué argumentos y pruebas decidió enviar gendarmes a Jujuy, más de 40 de ellos no llegaron a destino por el trágico accidente en Salta. También me gustaría conocer los detalles de la represión que hubo contra una murga en la zona que se denomina como villa 1-11-14. Además tengo otras tantas preguntas más que las dejo en la galera”.
