La diputada Margarita Stolbizer se presentó este miércoles a la audiencia convocada en la Cámara Federal de Casación Penal para defender su derecho a ser querellante en la causa Hotesur.

Allí fundó su reclamo a ser aceptada en calidad de querellante “en la invocación del derecho constitucional, sustancial, por la 'gravedad institucional' que tiene la presente causa en la que se investigan delitos vinculados con la corrupción. La gravedad institucional son las cuestiones que exceden el mero interés individual afectando de modo directo el interés general, el de la comunidad”.

Por otra parte, continuó, “esa gravedad es porque lo que se encuentra en juego son principios básicos de la Constitución, el estado de derecho, las instituciones. Además, cuando se habla de corrupción también decimos que tiene costos sociales y humanos, y entraña una violación a los derechos fundamentales de las personas, especialmente las más vulnerables frente a la acción ilícita que los discrimina y los excluye”.

Finalmente, Stolbizer sostuvo que “la gravedad institucional también ha quedado en evidencia porque desde el inicio de esta causa (que solamente yo he promovido) no se ha presentado ninguno de los organismos del estado que debieron haberlo hecho reclamando el lugar del querellante, como la Oficina Anticorrupción, la AFIP, la UIF, el Banco Central, u otros y como sí lo han hecho en otras causas”.

“Por esta gravedad es que solicito que, frente a una norma procesal, solo instrumental como es el artículo 82 del Código Procesal, la Cámara de Casación haga ceder, pueda prescindir de ella apuntando a las razones constitucionales que fueron expuestas y se me acepte como querellante en la causa en la que se investigan delitos contra la administración pública”.

Para finalizar, la líder del GEN señaló que su intención es “cooperar en la causa, estoy convencida que mi participación no generaría inconveniente sino que, por el contrario, lo que llevo investigado podría constituir un aporte al proceso. No solo como ciudadana sino como Diputada de la Nación solicito ser admitida en esta causa como querellante con el espíritu de aportar pruebas que pueden sumar a la búsqueda de la verdad”.

De acuerdo con lo previsto por el Código Procesal Penal, pasada la instancia de la audiencia de este miércoles, la Cámara de Casación tiene un plazo de cinco días hábiles para definir si acepta o rechaza el planteo de Stolbizer.