El diputado nacional y responsable de la JP Evita, Leonardo Grosso, renovó sus críticas al acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri selló con los holdouts, que implica la derogación de la Ley Cerrojo y la modificación de la Ley de Pago Soberano, sancionadas durante el kirchnerismo, además del endeudamiento por 12.000 millones de dólares para pagarle la deuda a los buitres.

“Es una vergüenza que un juez de una provincia de Estados Unidos nos obligue a derogar leyes nacionales”, declaró Grosso en alusión a las condiciones que puso el magistrado neoyorkino Thomas Griesa para avalar el acuerdo.

Grosso también hizo hincapié en el riesgo de que el 93 por ciento de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 litigien contra el país exigiendo las condiciones de pago que se acordó con los holdouts.

“El pago puede desencadenar un reclamo del resto de los tenedores deuda, que resultaría para nosotros una deuda perpetua”, alertó el dirigente del Movimiento Evita.

“Si se concreta este acuerdo se va a embargar el país por 30 años”, advirtió Grosso, a días de que el proyecto se vote en la Cámara de Diputados.