La diputada Margarita Stolbizer adelantó que dará quorum en la sesión para el tratamiento del acuerdo con los holdouts y votará afirmativamente el dictamen consensuado de mayoría. “Sabemos que se trata de un pago injusto como consecuencia de una sentencia injusta. Pero también sabemos que es la única salida posible en estos momentos para evitar un ajuste y poder encarar un sendero de crecimiento para la Argentina”, señaló la diputada, que agregó: “Lo que necesitamos saber es que el esfuerzo vale la pena y que el resultado será aprovechado en el mejor sentido para el interés y el bienestar general. Para eso es imprescindible que el Congreso recupere sus atribuciones y que se termine con la delegación de atribuciones que durante muchos años el Legislativo ha hecho a favor del Poder Ejecutivo”.

El bloque GEN ya había propuesto en años anteriores la modificación del artículo 37 de la Ley 24156 de Administración Financiera y ahora Stolbizer presentó nuevamente un proyecto con el propósito de que el Congreso recupere la centralidad en materia presupuestaria, poniendo fin al esquema de los “superpoderes” que comenzó con las sucesivas delegaciones extraordinarias en cabeza del Jefe de Gabinete de Ministros previstas en las Leyes de Presupuesto (2004 a 2006), y se cristalizó como una herramienta de carácter permanente mediante la reforma del artículo 37 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por Ley Nº 26.124 del año 2006.

La Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación en su artículo 75 inciso 8 la potestad de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas.

Sin embargo, en opinión de Stolbizer, “la institucionalización de la práctica aludida a lo largo de más de una década vulnera seriamente el espíritu y el texto de la Constitución Nacional, al dotar al Poder Ejecutivo, y en particular al jefe de Gabinete de Ministros, de facultades especiales para reasignar partidas presupuestarias a discreción, con la sola limitación de que se reservan al Congreso aquellas decisiones que afecten el monto total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. Cabe hacer la salvedad de que aquellas decisiones que pudieran significar un incremento en gastos reservados y de inteligencia, continuaron siendo –ineludiblemente– materia privativa del Congreso”.

Stolbizer fundamentó la iniciativa en que “la experiencia indica que es necesario fijar límites a la discrecionalidad del poder. No se trata de poner ataduras al Poder Ejecutivo, sino de hacer efectivas las premisas más elementales del sistema republicano y democrático, con un rol central del Congreso en la deliberación, planificación y decisión sobre el destino de nuestros esfuerzos y recursos, reincorporando los principios ordenadores de la Ley de Administración Financiera en cuanto a la distribución del gasto y las finalidades”.

“Vemos como alentador que el actual gobierno, que durante los años anteriores venía reclamando al igual que nosotros frente a las arbitrariedades que el Ejecutivo cometía por la discrecionalidad que le concedia la norma, ahora acepta esta discusión que vendrá a reparar los desfasajes que las instituciones de la república vinieron padeciendo”, concluyó.