Buscan que las universidades privadas informen sus aumentos con anticipación

La diputada Natalia Fidel presentó un proyecto de ley para que las instituciones notifiquen a los estudiantes 60 días antes del aumento en sus aranceles.

Una iniciativa presentada por la diputada Natalia Fidel (SUMA+), en coautoría con Graciela Ocaña (Confianza Pública), Carlos Tomada (FpV) y Paula Oliveto (CC-ARI), busca que las universidades e institutos terciarios privados notifiquen los aumentos en sus aranceles con al menos 60 días de anticipación.

El proyecto establece que el aviso deberá hacerse con una antelación de 60 días, a través de medios fehacientes tales como carta o correo electrónico, además de carteles colocados en las instalaciones de tránsito habitual de los estudiantes. De este modo, se busca garantizar el derecho que asiste a los consumidores para acceder a información detallada, clara y oportuna sobre el servicio contratado.

Fidel explicó que “es una práctica frecuente de este tipo de instituciones aumentar los aranceles, matrículas o cargos por derechos de examen sin avisarlo con una anticipación razonable a los alumnos, generándoles graves perjuicios”.

Además, la legisladora agregó: “actualmente los aumentos de las universidades no son de 100 o 200 pesos, sino que equivalen a sumas que pueden oscilar entre los 1.000 y 2.000 pesos, y si no son avisados con una anticipación razonable, se vuelve muy difícil que los alumnos y sus familias puedan acomodar sus economías personales para hacer frente a los aumentos y, si no logran pagar en tiempo y forma, el estudiante sufre graves consecuencias tales como la pérdida de regularidad, que puede resultar en que no pueda rendir exámenes o incluso en que no pueda seguir cursando temporalmente”.

“Es inaceptable que el consumidor, en este caso el alumno, se encuentre sorpresivamente frente a un aumento de varios puntos porcentuales en la tarifa de un servicio del que no puede prescindir fácilmente, ya que eso implicaría perder mucho dinero, tiempo y esfuerzo ya invertidos”, sostuvo.

Finalmente, la diputada comparó que “una situación similar ocurre con las prestadoras de medicina prepaga, las cuales ya se encuentran obligadas a notificar los aumentos con antelación por tratarse de otro servicio del cual es difícil prescindir sin sufrir graves consecuencias”.

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