Durante un debate de 5 horas, el Cuerpo envió la solicitud al Poder Ejecutivo. El texto fue consensuado entre el oficialismo y la oposición y resultó aprobado con 55 votos positivos y 1 abstención.
En la sesión de este jueves, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, por 55 votos positivos y 1 abstención, con el motivo de conocer información sobre los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando en la fiesta electrónica Time Warp, realizada en Costa Salguero, murieron 5 jóvenes y otros 5 quedaron internados en grave estado por ingesta de drogas de diseño. Al comienzo de la reunión se realizó un minuto de silencio y además se aprobó una declaración de “pesar y preocupación” por lo acontecido.
En el principio del debate, el diputado Fernando Vilardo (AyL) señaló que “lo más importante es saber qué se hace con los informes” y “quién investiga lo que acá sucedió”. Consideró además que “no hubo cambios desde Cromañón a Beara”, y que lo ocurrido en ambas tragedias “quedó dentro de las instituciones”.
El legislador apuntó que “la mercantilización de las drogas produjo nuevas muertes” y dijo que hay “zonas liberadas a los empresarios” y que lo que sucedió en fiesta Time Warp es una “consecuencia” de cuando “se privatiza al espacio público” y se lo utiliza para “las actividades lucrativas de los empresarios”.
Gustavo Vera (Bien Común) insistió con la creación de una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos, porque en la fiesta electrónica “se le delegaron funciones inherentes a la Ciudad”, con “la excusa de que fue una fiesta privada”.
El legislador Marcelo Ramal (FIT) manifestó que la Legislatura “llega tarde cuando la Justicia ya ha convocado a 28 personas a indagatoria”. “Venimos denunciando una asociación ilícita con varias patas: organizadores, vendedores de drogas, empresarios”, expresó.
“No estamos hablando de otra cosa que no sean efectivamente narcoempresarios”, consideró y justificó su voto de abstención en la aprobación del pedido: “no tengo una letra para reprocharle, pero este pedido de informes es una maniobra política”. “Si apoyamos todo pedido para que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sea interpelado”, enfatizó.
Javier Gentilini (Frente Renovador) pidió que las respuestas del Ejecutivo “sean lo más diligente que se pueda”. Y planteó la necesidad de “articular un menú de medidas que se traduzcan en políticas del Estado, que se mantengan en el tiempo” las cuales estén “dirigidas a combatir seriamente el narcotráfico”, con “la apertura del Poder Ejecutivo” y “el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”.
A su turno, el diputado Adrián Camps (PSA) expresó que a las víctimas “las mató la droga, los dealers, los traficantes y los que no controlaron lo suficiente”. Sostuvo que los funcionarios del Gobierno porteño deberían “estar dando la cara y alentando la investigación”, en tanto que destacó las declaraciones sobre lo ocurrido de la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez.
“Tenemos que trabajar para revisar toda la materia legislativa que tenemos en cuanto a la organización de eventos”, sugirió y solicitó “empezar el debate sobre las drogas”.
Por su lado, Patricio Del Corro (PTS) dijo que “hoy nuevamente hay una crisis política y social en la Ciudad”. Sobre la realización de la fiesta, recordó que en el predio de Costa Salguero “debería funcionar un polideportivo para todos, y sin embargo funciona un gran mercado capitalista”.
Denunció que lo sucedido se relaciona con un “entramado entre funcionarios, fuerzas de seguridad pública y privada, empresarios y narcotraficantes”. Por otra parte, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien remarcó que “está paseando por el mundo” y “no dio la cara”.
El vicepresidente tercero del Parlamento, Roy Cortina (PS), advirtió que “no hay que usar el oportunismo político”, pero que “el Poder Legislativo tiene el deber de hacer la investigación política” y que en su bloque “no vemos mal que aquí se hagan presentes otros funcionarios del Poder Ejecutivo”. También, cargó contra el funcionamiento de la Agencia Gubernamental de Control.
Al principio de su discurso, la presidenta del bloque de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, confesó: “no me perdonaría hacer carroña con tantas vidas perdidas y familias sufriendo”. Afirmó que hay que tomar “las medidas necesarias como Estado para que esto no vuelva a suceder”.
La diputada aclaró que la Ciudad no tiene “delegadas competencias penales en materia de narcotráfico”, pero sí tenía un “rol importante de control de habilitación y seguridad del predio, que no se puede delegar en privados”. “Tenemos que evaluar el accionar de los funcionarios de la AGC porque no se hicieron bien las cosas ni durante ni después”, sentenció.
La legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) dijo que el pedido de informes “refleja las enormes dudas que nos dejó el director de la AGC”, en referencia a la presentación del funcionario el pasado lunes, en el marco de la Comisión de Desarrollo Económico. “No nos pudo explicar si el Estado estaba en condiciones o no estaba en condiciones de controlar lo que sucedió en la noche”, agregó.
En tanto, Hernán Rossi (SUMA+) aseguró que “hay elementos para afirmar que el Gobierno falló en las tareas de control”. Solicitó que el Poder Ejecutivo “tenga la celeridad que los acontecimientos exigen”, porque “las primeras respuestas están lejos de satisfacernos”. Por otra parte, dijo que “la lucha contra el crimen narco debe estar al tope de nuestra agenda”.
Los discursos del Frente para la Victoria comenzaron con la exposición de Gabriel Fuks, que coincidió con Gustavo Vera en que “la cantidad de elementos ameritan” la constitución de una comisión investigadora. Y señaló que la presentación de Matías Álvarez Dorrego, titular de la AGC, dejó “más dudas que certezas”.
Por su lado, Lorena Pokoik consideró que lo sucedido en la fiesta no se puede calificar como una tragedia, porque “esto no es un hecho fortuito”, sino que “estamos hablando de cinco muertes que podrían haber sido evitadas”.
En tanto Pablo Ferreyra denunció la “violencia institucional ejercida por la ausencia del Estado” y la estigmatización que se hace de los jóvenes.
Paula Penacca dijo que “es una vergüenza el circo que intentaron montar” el pasado lunes cuando el director de la AGC asistió a la Legislatura a dar detalles sobre el accionar del organismo en la noche del evento, “no por las buenas intenciones del director de la AGC, sino porque no pudo decir nada, lo mandaron sin información”.
El jefe del bloque, Carlos Tomada, aseveró que “como ciudadanos y legisladores nos comprometemos a hacer todos los aportes que estén a nuestro alcance para acercarles algo de justicia” a los familiares y amigos de las víctimas. Y denunció que el sistema de control de la Ciudad “está en crisis”.
Los legisladores K María Magdalena Tiesso, Andrea Conde, Javier Andrade y José Cruz Campagnoli también se expresaron al respecto.
Desde el oficialismo, Juan Pablo Arenaza realizó una “autocrítica” y dijo: “confío en mi Gobierno, pero no quiero hacer una denuncia ciega”. Sin embargo, alertó que “no sirve de nada que en estos momentos saquemos lo peor de la miseria de la política”. El presidente de la Comisión de Seguridad, reflexionó la necesidad de “abrir un paradigma nuevo” y debatir “de qué formas se van a habilitar estos eventos”. Por otro lado, expresó: “entiendo el rol de la oposición que tiene que indagar, y nosotros tenemos que explicar”.
“Queremos construir protocolos de inspección y salud”, aseguró y completó con que hay que “trabajar y establecer una cantidad de normas”.
Por otra parte, Alejandro García destacó que “es muy fácil señalar con el dedo, pero no se mira para atrás”, en alusión al gobierno kirchnerista. Defendió el poco tiempo que lleva en el poder el gobierno actual y preguntó “cuál fue el combate concreto que hizo el gobierno anterior” con respecto al problema del narcotráfico. Y acusó que las gestiones K tuvieron “una política funcional al desarrollo del narcotráfico, les dría casi cómplice”.
El legislador macrista le pidió a sus pares del FpV que “hagan memoria”. “Se creen que los diputados del oficialismo no queremos saber lo que pasó, se equivocan. Estamos preocupados”, agregó.
La última en tomar la palabra fue Carmen Polledo, vicepresidenta primera del Cuerpo, quien aclaró la participación de su esposo, Fernando Polledo Olivera, en la empresa Telemetrix, que concesiona el predio Costa Salguero desde 1992. “No puedo permitir voces impiadosas que intenten perjudicarme, lastimando a los que depositaron su confianza en mí”, declaró.
Además hablaron los legisladores Maximiliano Sahonero, Roberto Quattromano, Victoria Roldán Méndez, José Luis Acevedo, Emilio Raposo Varela, Claudia Calciano y Daniel Presti.
De los 11 proyectos presentados, el oficialismo y la oposición arribaron a un solo texto con 44 preguntas. Sin embargo, el bloque del Frente para la Victoria, que fue el último en llegar al recinto ya iniciada la sesión, podría pedir la interpelación de funcionarios. Además, aseguran que cuentan con las 20 firmas necesarias para convocar a una sesión especial.
