El vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores bonaerense, Sebastián Galmarini, presentó un proyecto donde declara su preocupación por los más de nueve meses de demora en la puesta en funcionamiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada para el Bajo de San Isidro.

El tema tomó estado público luego de que los vecinos dieran a conocer su reclamo a través de las redes sociales, agrupaciones de autoconvocados y foros de seguridad. El año pasado, como resultado de un convenio realizado entre el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de San Isidro, el municipio avanzó en el alquiler de un espacio físico con el fin de instalar la fiscalía en el inmueble ubicado en Primera Junta 207, esquina Lasalle, que hace más de nueve meses se encuentra en desuso. En los medios de comunicación donde ha repercutido la noticia, se señala la posibilidad que el Ejecutivo de San Isidro cese de alquilar el predio.

“Los ciudadanos reclaman justicia y los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que hacer todos los esfuerzos para encontrar soluciones. Es muy importante que todos los poderes coordinemos acciones concretas para atender una demanda urgente de los vecinos del Bajo de San Isidro, como de muchos lugares de nuestra provincia”, señaló el legislador sanisidrense.

Por otra parte, Galmarini enfatizó: “La creación de esta fiscalía beneficiaría a miles de vecinos y responde a la necesidad de descomprimir el volumen de causas que se encuentran hoy en las fiscalías existentes”. Y agregó que “es importante avanzar hacia la descentralización, que además de mejorar la calidad de la Justicia que se imparte facilitaría el acceso a través de una mayor cercanía con la comunidad”.