El manual básico de la política habla de los cien días con que cuenta cada gobierno nuevo para gozar de una suerte de luna de miel con la sociedad. Ello no implica que al cabo de los mismos aquel estado se acabe, pero podría interpretarse que a partir de entonces comienzan a percibirse las arrugas, o a la nueva administración empiezan a entrarle las balas, si se permite la expresión. Hay quienes descreen de eso; sostienen que el estado de gracia depende del grado de adhesión con el que ha llegado el gobernante en cuestión, de las medidas implementadas, o bien de sucesos circunstanciales que le pongan fin.

Otros estiman que cien días no es un tiempo que arbitrariamente le otorga la ciudadanía al Presidente, sino el que se toma la oposición para comenzar a desgranar sus críticas.

Era de esperar que para el primer gobierno argentino surgido de un balotaje, en el que la diferencia fue exigua, y cuya principal oposición -o al menos la parte que responde al gobierno saliente- organizó su primera marcha de protesta un día antes de que el flamante mandatario cumpliera una semana en el poder, contaba las horas para dar por finiquitada la luna de miel. Es lo que formalmente se ha dado por concluido con la gigantesca movilización que todas las centrales sindicales organizaron este viernes, que claramente tuvo un cariz opositor al gobierno de Mauricio Macri.

No fue un paro general, pero la oposición lo vivió como tal. De hecho, quedó picando la seria advertencia de que esa alternativa es inminente. Con todo, nadie ha superado el récord que supo sufrir Fernando de la Rúa, que vivió con la Alianza su primer paro general al tercer mes de su gobierno.

Raúl Alfonsín lo tuvo al mes 9, Carlos Menem recién a los 3 años y 4 meses. Eduardo Duhalde tuvo su primer paro al finalizar su quinto mes, y Néstor Kirchner cuando llevaba 47 meses de gestión. El primero contra Cristina Kirchner fue cuando le faltaba un mes para cumplir el primer año de su segundo mandato.

No se sabe todavía en qué posición se ubicará el gobierno de Cambiemos, pero está claro que deberá lidiar con una conflictividad sindical elevada. Para los que tenían dudas de si es bueno o malo para un gobierno tratar con un sindicalismo unificado, ya debería quedarles clara la respuesta. Durante el acto, se le oficializó al gobierno la noticia de que las tres CGT se unificarán el 22 de agosto, y la relación entre las CTA parece avanzar hacia la armonía, ahora que ninguna de las dos es oficialista.

De hecho, los discursos de los dos líderes de las otrora enfrentadas CTA fueron los más duros, con las advertencias más claras de un paro general a plazo fijo. No es novedad para el gobierno que tendrá más espacio de negociación con las CGT, una de las cuales se escindió de este acto, molesto Luis Barrionuevo con el protagonismo del kirchnerismo, que adhirió con entusiasmo a esta manifestación contra medidas que desde el poder rechazaban. Macri celebrará el Día del Trabajador con el dirigente gastronómico este domingo, comiendo locro en el complejo cultural y deportivo de la UTHGRA. En esa relación tiene protagonismo el cuñado de Barrionuevo, Dante Camaño, secretario general del gremio gastronómico de la Ciudad, hermano de Graciela, y cercano al PRO.

El masivo acto sindical que se plantea como un punto de inflexión para la administración de Cambiemos se registró dos días después de que el oficialismo sufriera su primera derrota legislativa, al aprobar el Senado la emergencia ocupacional, resistida por el gobierno nacional. Con la excusa de la premura que exige “la crisis”, pero el inocultable objetivo de no darle respiro al gobierno, el kirchnerismo quiere apurar su sanción en Diputados y con ese fin pidió una sesión especial para el miércoles que viene. No sucederá, pues en Diputados el oficialismo sí puede manejar más o menos los tiempos y por lo pronto piensa estirar el tratamiento con un desfile de funcionarios, gobernadores y cámaras empresariales para exponer sobre el tema. No deja de recordar que el ministro de Trabajo curiosamente no fue convocado por la oposición en ninguna de las dos cámaras, cuando impulsó sendos dictámenes.

El objetivo del oficialismo también es inocultable: alargar los tiempos al máximo, cuestión de ver si encuentra alguna alternativa para frenar la ley. El plan de máxima sería llegar al receso de mitad de año, de modo tal de que una eventual mejora en los indicadores permitiera justificar la inconveniencia de sancionar esta norma. Para tal fin tratará de priorizar en Diputados el tratamiento de otros temas como la devolución del IVA para alimentos de la canasta básica.

Con todo, le resultará sumamente difícil dilatar tanto la llegada del proyecto al recinto, aunque especula también con sumar el número suficiente para imponer un rechazo a la norma. Cosa todavía más difícil, pues estaría necesitando nada menos que 30 votos con los que hoy no cuenta. Todo es posible en política, más cuando se es gobierno… pero son demasiados votos.

Lo que está claro es que el Presidente no cederá en su posición y ya anticipó que si sale la ley, la vetará. Es un recurso constitucional con el que cuenta todo mandatario, como también la oposición puede insistir en el Parlamento, donde ahora sí no tiene el número suficiente para imponerla. Sí tiene los dos tercios en el Senado, donde precisamente se aprobó con esa cantidad de votos, pero en Diputados no llega a ese número.

Macri está dispuesto a asumir el costo político de esa decisión, mientras que el sindicalismo ya ha advertido que no lo aceptará en silencio. Será entonces la hora del primer paro general contra esta administración, que de suceder batirá el récord de Alfonsín.

Habrá que ver qué disposición tiene el gobierno para enfrentar semejante presión. Por lo pronto, la postura era este viernes tratar de mostrar tranquilidad ante las críticas y firmeza en las decisiones. Sin intenciones de confrontar con los sindicalistas, y circunscribir las diatribas al kirchnerismo, que se sumó a la protesta. El ala dura de Cambiemos desearía confrontar con las CGT, como dejó claro Elisa Carrió al presentar al mismo tiempo que los gremios ponían en marcha su maquinaria movilizadora un proyecto de ley para que los sindicalistas presenten sus declaraciones patrimoniales. Previendo las resistencias que encontrará el proyecto en el Congreso, extiende su alcance a los titulares de cámaras empresariales. Será una buena prueba ver si el oficialismo muestra disposición para que ese proyecto avance.

Cuando en 2010 Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil, no hubo entonces movilizaciones, ni demasiadas protestas. Tan cantado estaba el veto, que la aprobación de la ley fue casi testimonial. Es el reproche que hacen en Cambiemos, deseosos siempre de compararse en ese espejo. Pasa que el kirchnerismo hacía del marketing político su eje de gestión, mientras que el macrismo prioriza la gestión por sobre el marketing. Debe entender que para que esa estrategia tenga éxito necesita resultados concretos que exhibir en el mientras tanto.