El diputado Pablo Ferreyra dará apertura, este miércoles a las 14, en el Salón Alfonsín de la Legislatura, a la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional.

Mediante un comunicado, el legislador señaló que la violencia institucional en la Ciudad, como en el resto del país, “es una problemática amplísima que, por sus propias características, permanece oculta”.

“A esto se le suma la complicidad de los medios masivos de comunicación y de las autoridades políticas para con las versiones “oficiales” que brindan las fuerzas de seguridad ante cada hecho”, agregó.

El cuerpo tendrá como funciones canalizar las denuncias de las víctimas e intercambiar información con diversos organismos que abordan la temática.

Durante la primera reunión de la comisión, brindarán sus testimonios Roxana Cainzos (madre de Nehuén Rodríguez), Milton Tapia (hermano de Alan Tapia), Roberto Autero (Centro Isauro Arancibia), Eugenia Nogueira, Florencia torres (Murga Los Reyes del Ritmo), Emiliano Ulloa, entre otros, que están relacionados con casos que involucran a la PFA, Gendarmería, GEOF, Policía Metropolitana y Prefectura.

“Este intercambio de información y la visibilización de los casos son una de las patas fundamentales de la lucha contra la violencia institucional”, dijo el diputado y consideró que “los importantes avances en materia de Derechos Humanos que hemos logrado a lo largo de los últimos años en nuestro país son un piso fundamental que debe servirnos para avanzar en aquellas deudas pendientes”.

Para Ferreyra, “entendida en un sentido amplio, la violencia institucional aparece en todos aquellos casos donde el Estado tiene participación y responsabilidad en cualquier situación de vulneración de los derechos humanos”.

“Actualmente, hablamos de violencia institucional para dejar atrás el concepto de “gatillo fácil”, que conlleva la idea de casos aislados y responsabilidades de efectivos determinados. En realidad, se trata de una práctica sistemática que las policías federales, provinciales, locales y las fuerzas de seguridad desarrollan, por lo general, en los barrios más pobres de nuestro país”, explicó el presidente de esta comisión.

El diputado precisó que “las detenciones irregulares, las detenciones por averiguación de identidad, los cacheos y humillaciones, las causas armadas, las demoras en comisarías y las torturas son algunas de las formas con las que las fuerzas de seguridad ejercen su poder en los barrios de manera cotidiana”.

Y completó: “sin embargo, hay un cuarto elemento responsable de la normalización de esta situación, que es la estigmatización de los pibes chorros, de gorrita, pobre y morocho, como el responsable de la inseguridad que sufren las clases medias. A esta estigmatización, se suma el discurso de la mano dura para “acabar” con el problema de la inseguridad”.

Ferreyra subrayó que la violencia institucional también se hace presente “cuando la Policía Federal, Metropolitana y las fuerzas de seguridad que tienen presencia en la Ciudad asesinan a los pibes y las pibas de los barrios populares, y cuando vamos a revisar las causas judiciales abiertas por los homicidios, están todas en trámite o incluso cerradas”.

“Las redes del delito organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la violencia obstétrica y de cualquier tipo en las instituciones de la salud y el gatillo fácil son sólo algunas de las problemáticas que deben protagonizar el debate y la batalla contra la violencia institucional”, completó.

El legislador aseguró que desde la Legislatura porteña “seguiremos apostando al trabajo serio y consecuente, para lograr los avances indispensables en políticas públicas concretas que permitan lograr su más absoluta erradicación”.