Empresarios de 330 pymes industriales de todo el país y de distintos sectores fabriles se dieron cita este jueves en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su preocupación por el aumento de la litigiosidad judicial en el campo de los accidentes laborales. Además, los industriales solicitaron una mayor participación en el diseño de un proyecto de ley integral para el sector y presentaron una serie de propuestas dirigidas a mejorar la competitividad y solucionar problemas que ponen en peligro la continuidad de muchas pequeñas y medianas industrias.

La reunión se llevó a cabo en el edificio anexo de diputados en la sala Dr. Juan Carlos Pugliese.

La comitiva empresarial, encabezada por la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB), cuya coordinación está a cargo de Daniel Rosato, fue recibida por el diputado del Frente Renovador y titular de la Comisión de Industria, José Ignacio De Mendiguren, y por legisladores del Frente para la Victoria, el bloque oficialista Unidos-PRO, el Partido Justicialista, Compromiso Federal y Libres del Sur. Asimismo, estuvieron presentes Sergio Massa, Margarita Stobizer, Marcos Lavagna, Victoria Donda, Nicolás Massot, Axel Kicillof, Mario Negri, Mirta Tundis, Gilberto Alegre, entre otros.

En este contexto, Rosato cuestionó, además, la sanción del Senado del proyecto de ley del feriado no laborable del 17 de junio en conmemoración al general Martín Miguel de Güemes, por su impacto negativo en la producción industrial. Y adelantó que le pedirá al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que lo vete.

El empresario alertó a los legisladores sobre los efectos “devastadores” que tiene para las pymes industriales el crecimiento de la judicialización que se observa particularmente en materia de accidentes laborales, pese a que la siniestralidad se redujo de forma sustancial durante los últimos años. “Los famosos caranchos (abogados que litigan para sacar provecho de demandas inventadas o sobredimensionadas) en complicidad con los jueces, que fallan siempre en contra del empleador, generan demandas exorbitantes que las pymes no pueden afrontar”, puntualizó.

Además, Rosato y el resto de los empresarios explicaron a los legisladores que se han incrementado notoriamente las alícuotas que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) le cobran a las pymes, al pasar de representar entre el 3 y el 5% de la masa salarial hasta alcanzar en la actualidad entre el 10 y el 20%. “Esto sumado a los juicios por las demandas de los caranchos y la industria del juicio generan costos desproporcionados para las pymes, que están muy lejos del 3% que se paga en otros países”, subrayó.

El diputado De Mendiguren señaló que “en la industria hay menos siniestros pero más juicios. Las pymes son el motor de nuestra economía, generan el 51% del empleo formal en nuestro país y el 70% del empleo total. No podemos seguir sometiéndolas a una tormenta perfecta que incluye: subas de tarifas, altísimas tazas de interés, caída del nivel de actividad y un aumento progresivo de la litigiosidad laboral”.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre los años 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%. Y esa reducción se produjo en el marco de la expansión de un 30% del empleo industrial”. La cantidad de demandas pasó de 3000 a 80.000 por año y hoy existe un costo anual de U$S2400 millones más U$S700 millones que se gastan en peritos y abogados.

Pero los juicios, por el contrario, aumentan. Entre 2011 y 2015, la litigiosidad subió cerca de un 80%. “La situación al día de hoy es preocupante: hay aproximadamente 5.000 millones de dólares en juicios y un stock de 300.000 juicios”, señaló Mendiguren. “El problema se agrava porque aunque las demandas son a las ART, los sobrecostos se trasladan a las empresas a través del incremento de las alícuotas del seguro”.

En la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados estuvieron presentes pequeñas y medianas industrias del sector textil, metalúrgico, papelero y alimenticio. También hubo pymes autopartistas, motopartistas, curtiembres, del polo maderero, del calzado y del sector del plástico, entre otros segmentos de la economía. En cuanto a la representación geográfica, participaron industrias de la provincia de Buenos Aires, el Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Juan y Catamarca.

Además de plantear su inquietud por el aumento de la litigiosidad judicial, los dirigentes pymes le reclamaron a los diputados un mayor protagonismo en el debate de los proyectos de ley para el sector que se discuten hoy en el Congreso. Con este propósito presentaron en la Comisión de Industria una serie de iniciativas que apuntan esencialmente a preservar el entramado productivo, poniendo el énfasis en la defensa de la industria y en el empleo, mediante un proyecto de ley que diferencie a las pymes industriales de aquellas que se dedican al comercio o a brindar servicios.

De acuerdo con datos oficiales, la pequeña y mediana industria emplea en la Argentina alrededor de 1,3 millón de trabajadores registrados y, por ende, tiene una relevancia vital en el campo laboral y la creación de riqueza.

“Nosotros le propusimos a los legisladores que se avance en la aprobación de una ley para las pymes industriales porque éstas tiene características diferentes; exportan, generan valor agregado, invierten en marquinarias. Esto no ocurre en ni en el comercio ni en las pymes de servicios”, destacó Rosato.

Por esta razón, el empresario le hizo saber a los diputados la importancia de avanzar en un proyecto que contemple las siguientes medidas dentro de una ley que cobije a la pequeña y mediana industria:

· Reducción de la presión tributaria “Muchas pequeñas y medianas industrias que no pueden afrontar el pago de impuestos y terminan trabajando en la marginalidad porque no tienen otra alternatvia para continuar”, afirmó Rosato.

· Una política industrial abocada a disminuir los costos que permitan mejorar la competitividad de la pequeña y mediana industria e incentiven las exportaciones del sector. En este sentido, Rosato le recordó a los legisladores que en la Argentina los costos de la industria resultan entre un 25 y un 30% superiores a los de Brasil y, por ende, “se resiente la posibilidad de competir de las empresas argentinas frente a sus competidores brasileros”.

· Durante la reunión en la Cámara baja, Rosato y los empresarios también le expresaron a los legisladores su preocupación por algunas de las dificultades que enfrenta hoy la pequeña y mediana industria, esencialmente por la caída de la ventas en el mercado interno, los incrementos de los costos.

· Con respecto a la apertura del comercio exterior, Rosato dijo que “hace falta una política de control de las importaciones porque tanto China como Brasil están sobrestockedas y colocan sus excedentes en la Argentina y ponen en peligro el empleo y la producción local”. En este sentido Rosato ejemplificó: “tenemos una fábrica de escobillones que está en serias dificultades porque le aumentaron un 30% las importaciones de Brasil y no puede competir por los costos”.

· De Mendiguren y los legisladores escucharon con atención las propuestas de las pymes y se comprometieron en avanzar con soluciones concretas. “Tuvimos un encuentro muy piola. Tomamos nota de todo lo que nos pidieron y vamos a solicitar entrevistas con la Corte Suprema para que haya un criterio común a la hora de evaluar los costos por accidentabilidad laboral y también nos vamos a reunir con funcionarios del ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para avanzar en las soluciones, según sea el caso”, adelantó a los empresarios.

· Además, De Mendiguren, un hombre fuertemente vinculado a la industria, prometió considerar las reflexiones del sector pyme sobre la futura ley para el sector.