Se encuentra sesionando un plenario de comisiones de Diputados para escuchar a especialistas en el tema, que en el fondo apunta directamente a Alejandra Gils Carbó.
Un plenario de comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto, todas presididas por diputados oficialistas, escucha este martes las voces de especialistas convocados para analizar la reforma del Ministerio Público Fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo, que tiene por objeto recortar poderes de la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Se trata del proyecto más controvertido del paquete judicial enviado por el Poder Ejecutivo, que incluye también el procedimiento para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación, que ya obtuvieron media sanción en la Cámara baja.
Cambiemos había frenado la reforma del Ministerio Público Fiscal a raíz de las numerosas objeciones que recibió por parte de los bloques opositores, luego de haber sido defendido a mediados de abril por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
“La idea es hacer esta reunión abierta y escuchar primero a los especialistas, ya que el proyecto recibió bastantes críticas”, reconoció a parlamentario.com una fuente de Cambiemos que trabaja en el tema.
La misma fuente señaló que “todos los proyectos que vinieron del Poder Ejecutivo fueron modificados”, y esta no sería la excepción, aunque el oficialismo no está dispuesto a ceder en algunos aspectos clave del proyecto.
Cambiemos no está dispuesto a dar marcha atrás con la creación de la figura de cuatro subprocuradores -en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado-, bajo la idea de “descentralizar” funciones del procurador general.
No obstante, en el interbloque reconocen que es “discutible” el tema de acotar el mandato del jefe de los fiscales a cuatro años, igual que un mandato presidencial, dado que hoy el cargo es vitalicio.
El proyecto oficial también facilita el procedimiento para remover al procurador y prevé una participación más activa al Consejo General del Ministerio Público Fiscal.
Las exposiciones
El orador que abrió la ronda de exposiciones fue el exjuez Guillermo Yacobucci, quien mencionó que el plazo de ejercicio del procurador se define “desde lo político discrecional”, ya que “no hay un argumento fuerte desde lo constitucional y jurídico” sobre el tiempo de duración en el cargo.
Por otra parte, consultado por el legislador Luis Petri (UCR), sobre los “superpoderes del procurador en la remoción y designación de fiscales”, Yacobucci opinó que esa facultad “resulta un cuarto poder alejado de la forma republicana”.
A su turno, el fiscal Ricardo Sáenz señaló que la figura de cuatro subprocuradores “atenta contra los principios jerárquicos y de unidad de acción del Ministerio”.
Remarcó que las funciones del procurador general “no pueden quedar reducidas” y que su cargo debe durar “4 años con la posibilidad de ser reelegido en un período consecutivo”. Asimismo, dijo que la remoción tendrá que ser por “decisión del Poder Ejecutivo” y, luego sí, por acuerdo del Senado.
Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS, criticó la iniciativa y expresó: “para nosotros el proyecto tiene graves problemas; en términos constitucionales hay una incorrecta interpretación del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
La doctora apuntó el “debilitamiento importante y vacío de funciones” del procurador y enumeró “cuatro puntos problemáticos” del proyecto como las “funciones recortadas al procurador, el plazo corto de gestión, las funciones “incorrectas” del Consejo General y las atribuciones problemáticas en cuanto a la designación y remoción del procurador”.
En otro sentido, el procurador de la provincia de Salta, Pablo López Viñals, consideró que “es bueno que la figura del procurador tenga un mandato limitado en el tiempo”. “Creo que es un acierto que se establezca esta limitación”.
