Una vez que la Legislatura porteña apruebe el traspaso del juego a la Ciudad, legisladores de la oposición aguardan para dar tratamiento a una nueva ley que regule la materia. Qué contempla la iniciativa.
Tal cual lo adelantara Semanario Parlamentario en el verano de este año, luego de que fuera ratificado el convenio de transferencia de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, el manejo de la totalidad de los juegos de azar también fue traspasado por el Gobierno nacional a la administración porteña. El anuncio, efectuado a través del Decreto 743/16, concluyó con otro histórico reclamo sobre la autonomía del distrito.
Mediante la resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se señala que “resulta conveniente convalidar un procedimiento para que -de manera ordenada y sin afectar derechos adquiridos- se efectivice la asunción de competencia que le corresponde a la jurisdicción local”.
La norma establece la conformación de una Comisión de Enlace, compuesta por miembros de Lotería Nacional y del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, la cual deberá “en un plazo no mayor a 120 días” diagramar el cronograma de trabajo que se llevará a cabo para que finalmente la Ciudad asuma las competencias.
La noticia no estuvo, está ni estará ajena al ámbito legislativo porteño, ya que será la Legislatura quien tenga la tarea de aceptar el traspaso y, una vez aprobado en la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y luego en el recinto, distintos bloques de la oposición tienen la expectativa de que desde el edificio de Perú 160 pueda salir una nueva ley que regule y controle los juegos de azar en el territorio.
Durante más de diez años, la Coalición Cívica ha sido la fuerza que ha reclamado en forma constante por el traspaso del juego a la Ciudad. En este sentido, la diputada Paula Oliveto Lago reivindicó a su líder política, Elisa Carrió, y dijo que fue ella “quien se lo pidió a (Mauricio) Macri”. Y agregó que “el Ejecutivo cumple con una deuda histórica”.
Sobre el proyecto de ley que ingresará con la firma de Horacio Rodríguez Larreta, la legisladora subrayó: “tiene que ser muy claro, diciendo que reconoce una competencia que nos es propia y no una transferencia”. En otro aspecto, señaló que “hay que entender que la plata que no se paga por juego es plata que terminan no recibiendo los sectores más vulnerables de la Ciudad”, en referencia a las deudas del empresario Cristóbal López.
Los bloques de la CC-ARI y SUMA+ elaboraron un proyecto de ley “integral”, que implica la derogación de la Ley 538 –Ley de Juegos de Apuestas- y propone que no sólo la regulación sino también la autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de apuesta, y actividades conexas, es competencia exclusiva de la Ciudad.
María Inés Gorbea (SUMA+), autora de la iniciativa, destacó que la medida tomada por el Gobierno nacional es “una buena oportunidad” para “empezar a regular la materia”. “Es conveniente e imperioso”, añadió en diálogo con Parlamentario y explicó la importancia de abordar además la cuestión tributaria para que los operadores del juego comiencen a tributar Ingresos Brutos; y así también las recaudaciones que obtienen las seis mil máquinas tragamonedas que funcionan en la Ciudad.
“No se puede estar con la legislación vigente, hay que adecuarla a la actualidad”, consideró la diputada y advirtió que el juego “es un tema medular, que requiere que tenga consenso el proyecto y que salga una ley que contemple todas las aristas de la problemática”.
El proyecto
El proyecto de ley que comenzó su discusión en la Comisión de Desarrollo Económico, aborda un conjunto de aristas respecto del funcionamiento de los juegos de azar en el territorio porteño. Además, hay un paquete de proyectos de autoría de la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública), que guardan similitud con distintos puntos de esta propuesta.
En uno de sus artículos, la iniciativa presentada por la CC-ARI y SUMA+, establece que la distribución y el expendio de juegos de apuesta en la Ciudad deberán realizarse “únicamente” a través de las agencias de apuestas que autorice el Gobierno de la Ciudad.
Sobre las salas de juego, plantea que en el caso de promulgarse la ley, podrán seguir operando aquellas que “hayan cumplido los requisitos legales vigentes al momento de su habilitación” y podrán continuar funcionando “hasta la finalización de sus permisos o concesiones, los que no pueden ser renovados bajo ninguna circunstancia”.
En el artículo 20 se señala que, según esta ley, estará prohibida la instalación de un número mayor de salas de juego -propiedad privada o concesionados a empresas privadas- a las ya existentes al momento que empiece a regir la norma. Asimismo, hace responsable al Poder Ejecutivo local, quien mediante un proyecto de ley deberá proponer la instalación de una nueva sala de juego que administrará la gestión pública. Esta iniciativa tendrá que ser aprobada por la Legislatura con el voto de dos tercios de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura.
La iniciativa también contempla que en las salas juego no se podrán instalar ni funcionar cajeros automáticos bancarios, máquinas expendedoras de dinero o espacios de actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes.
Otro de los puntos salientes es la creación de un sistema de verificación en tiempo real, aplicable a las máquinas electrónicas de juegos de la Ciudad y el Casino Flotante, que servirán para la fiscalización de la recaudación en las salas de juego.
Por otra parte, se contempla la prohibición de toda “clase de publicidad, promoción y patrocinio del consumo de juegos de apuestas, por parte todas las empresas privadas que exploten esta actividad, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión de comunicación local y/o publicidad estática o gráfica”.
La ludopatía es uno de los ejes de la ley, que incluye que se la declare “salud pública” en todo el ámbito porteño y que se cree un programa de prevención y tratamiento de la enfermedad, y un “Registro de Autoexclusión de la Ciudad”, con el fin de confeccionar una base de datos de aquellas personas que “manifiesten voluntaria y unilateralmente, excluirse a sí mismas de las salas de juego”.
Respecto de las inspecciones, la ley prevé un cuerpo de inspectores, que “ejercerá el Poder de Policía” en cada en cada una de las salas de juegos. En tanto, en la Legislatura porteña se dispondrá la creación de una comisión especial que esté a cargo del “Seguimiento y Evaluación para cumplimiento de marco normativo que regula los Juegos de Apuestas”.
El proyecto aún cuenta con un largo camino por recorrer, pero su discusión ya comenzó. No se descarta que desde el oficialismo arribe una iniciativa en este sentido, para lo cual deberá ser imprescindible el consenso entre las distintas fuerzas y el trabajo parlamentario para que la norma regule y controle una competencia propia de la Ciudad, establecida en el artículo 50 de su Carta Magna local.
