El pleno se reúne desde las 11.40 para tratar la ley del arrepentido y la extinción de dominio de bienes provenientes del delito. Antes, se aprobó una resolución para autorizar el allanamiento a Julio De Vido.
Los diputados de la Nación sesionan desde las 11.40 con una agenda picante, en el marco de las repercusiones por la escandalosa detención del exfuncionario kirchnerista José López. Luego de aprobar una resolución para autorizar el allanamiento al domicilio de Julio De Vido y la creación de una comisión bicameral para controlar a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el pleno de la Cámara baja discute dos proyectos para combatir la corrupción.
Arrepentido
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) defendió el dictamen mayoritario y destacó que con la futura ley “se abre la posibilidad de que algunos pactos de silencio sean rotos”.
Burgos recordó que “en nuestro país esta figura no es nueva”, ya que estaba contemplada para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
Sin embargo, explicó que el proyecto busca “ordenar esa enumeración de figuras delictivas e incorporar otras”, entre las que enumeró corrupción, delitos del Código Aduanero –como contrabando-, asociación ilícita, prostitución, pornografía infantil y delitos contra el orden económico y financiero, por ejemplo, la formación de monopolios.
En tanto, el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, ratificó el objetivo de “lograr que las investigaciones judiciales lleguen a las máximas consecuencias”.
“No estamos dando un beneficio para que el arrepentido quede libre de culpa y cargo; estamos otorgando beneficios procesales, que no van a ser la posibilidad de eximirse de la pena”, aclaró Petri ante una de las advertencias de la oposición.
En este sentido, confirmó que el arrepentido “va a tener que someterse al proceso penal, testimoniar y declarar”, y “va a tener condena”. “No podemos permitir que estos pactos de silencio impidan la persecución de acciones penales”, manifestó.
El radical dijo además que no se permitirá “cualquier arrepentido”, ya que los bloques acordaron “que este beneficio no pueda ser acogido por funcionarios que son sujetos de juicio político en el país”, es decir, el presidente, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade reconoció que el oficialismo aceptó incluir cambios relevantes al dictamen mayoritario a pedido de su bloque, por lo cual adelantó el apoyo a la hora de la votación.
Entre las modificaciones más importantes destacó el hecho de “eliminar la posibilidad de extinción de pena al arrepentido”, es decir, que el beneficio alcance sólo a la reducción de la misma; y a su vez ponderó que no se pueda aplicar en los delitos de lesa humanidad.
No obstante, formuló reparos a la figura del “colaborador eficaz”, es decir, alguien que no está implicado en la causa donde aporta datos, y que podría acceder a la reducción de pena y la suspensión de la acción penal al igual que el arrepentido, si se verifica su denuncia.
Mónica Litza, del Frente Renovador-UNA, respaldó el proyecto pero advirtió que “el Poder Ejecutivo tiene que dar señales de confiabilidad para resguardar no sólo la seguridad física del arrepentido, sino el cumplimiento de lo acordado”.
Otra diputada que apoyó la iniciativa fue Victoria Donda, la referente de Libres del Sur, aunque sostuvo que “esta ley es sólo una herramienta, no va a terminar con la corrupción”. “Es un avance, pero para decirle ‘no’ a la corrupción no alcanza con votar un desafuero”, graficó sobre la situación de su par Julio De Vido.
El único bloque que expresó un fuerte rechazo fue el Frente de Izquierda. “Nos negamos a que nos vengan con el ‘cuentito’ del arrepentido. Si quieren investigar, hagan auditorías”, desafió Myriam Bregman, del PTS.
La legisladora alertó que “se utilizan estas leyes para favorecer el aparato represivo del Estado”, al sostener que se podrá utilizar la figura del arrepentido “para hacer efectivo un artículo del Código Penal para seguir organizaciones”, vinculado a la denominada “ley antiterrorista”.
“Esta ley es para que José López salga y se vaya a su casa”, lamentó Bregman sobre el caso del exfuncionario kirchnerista que domina las tapas de los diarios.
El texto aprobado en comisiones establece que “se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme (…) cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.
Los beneficios que podría tener el arrepentido son los de suspensión de la acción penal y la reducción de pena en expectativa.
El proyecto prevé así “la reducción de un tercio del mínimo a la mitad del máximo la pena que se trate” y “por su parte, cuando el delito atribuido al condenado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años de prisión”.
También se contempla “el cumplimiento condicional de la pena ya impuesta” y el acceso a “beneficios en el cumplimiento de la condena” según la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
Por último, otro beneficio es el de “acceso a la eximición de detención, a la excarcelación o recuperación de la libertad, a alternativas o a morigeraciones procesales”.
“No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional”, aclara el texto.
En el artículo 2 se establece la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.
También se establece otra figura, la del “colaborador eficaz”, aquel que aporte datos y que no esté imputado en la causa en cuestión, pero sí en otra investigación conexa. Esta persona podría acceder así a la misma reducción de penas.
Extinción de dominio
El último tema es el de extinción de dominio para los bienes provenientes de actividades ilícitas, un proyecto para “recuperar lo robado” que para el kirchnerismo es “inconstitucional” dado que se podría aplicar aún sin condena firme.
La iniciativa consiste en que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos, para lo cual no sería necesario que haya condena firme.
A diferencia del decomiso, el proyecto está planteado en la órbita civil y no penal, esto es, apunta al bien y no a la persona. Contempla los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio.
Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico.
Ambas iniciativas contemplan los mismos delitos; entre ellos los de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil. Fueron excluidos los delitos de lesa humanidad.
