Cambiemos ya definió una hoja de ruta con los proyectos que intentará aprobar de aquí a fin de año, aunque la oposición ya demostró que, si se mantiene unida, puede marcar el pulso del Parlamento. Los debates que se vienen y las prioridades de los bloques.
Por Carolina Ramos
Hay una premisa que la cúpula legislativa de Cambiemos tiene bien clara: “A medida que se acerca el año electoral, se politiza cada vez más el recinto”. Es una regla de proporciones que preocupa al oficialismo. Y no es para menos. La oposición ya dio muestras de que puede convertirse en una verdadera amenaza para el Gobierno en temas que movilizan a los sectores populares. Primero fue con la ley antidespidos, finalmente vetada por Mauricio Macri. Meses después, el freno a los tarifazos y la interpelación al ministro de Energía, Juan José Aranguren, agruparon a todo el arco opositor, con diferencias de forma pero coincidencias de fondo.
El segundo semestre legislativo encendió luces de alarma en el frente Cambiemos, que espera tener margen hasta diciembre para imponer su propia agenda legislativa y que la coyuntura no se cuele una vez más en los recintos con proyectos incómodos. “Vamos a vivir una Cámara mucho más complicada”, avizoró ante Parlamentario una fuente de peso en el oficialismo, que sostiene que el fenómeno de la oposición unida “va a ser una constante”.
Los bloques disidentes saben que, si dejan de lado sus diferencias, pueden marcar el pulso del Parlamento. La presión que ejercieron sobre los aumentos de tarifas puso en jaque al oficialismo. En el Senado, el peronismo consiguió aglutinar a todos los sectores para aprobar proyectos de comunicación y declaración para suspender los tarifazos. La movida no tuvo efectos prácticos pero sí mediáticos. En Diputados, la barrera de los dos tercios impidió hacer lo propio con un pedido de interpelación a Aranguren. Pero la alianza gobernante se vio obligada a convocar al ministro, que expuso en un plenario de comisiones durante poco más de diez horas.
En este escenario de agenda compartida, Cambiemos ya definió una hoja de ruta de los proyectos que intentará aprobar de aquí a fin de año, algunos con más urgencia que otros. La clave de todos ellos está en la capacidad de negociación que la alianza ya puso a prueba en la primera mitad de 2016, sobre todo con la oposición “amigable”. Ese mote incluye principalmente al Frente Renovador de Sergio Massa y al bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero. Mientras tanto, el Frente para la Victoria hace su propio juego, embebido en la interna peronista.
Segundo semestre intenso
En primer lugar, Cambiemos tiene en sus planes constituir dos comisiones bicamerales con las que el Congreso está en mora desde hace años. La primera es la de la Defensoría del Pueblo, que deberá proponer al candidato para ocupar el cargo vacante según lo exigió la Corte Suprema de Justicia en el fallo que suspendió el tarifazo de gas. La segunda es la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que sería cedida al massismo.
El oficialismo pretende alzarse en los próximos meses con casi una decena de leyes relevantes. En lo inmediato, pondrá a consideración en la próxima sesión de Diputados un proyecto del exvicepresidente Julio Cobos para reformar el actual sistema de créditos hipotecarios. La iniciativa propone la creación de Unidades de Vivienda (UVIs), pensadas como un instrumento de ahorro, préstamo e inversión para financiar la adquisición o construcción de viviendas a largo plazo.
La reforma electoral es otro de los proyectos que Cambiemos quiere apurar en Diputados antes de meterse de lleno con el Presupuesto 2017. Las críticas de la oposición le pusieron un freno a la iniciativa y obligaron al bloque presidido por Nicolás Massot a abrir el juego a cambios significativos. El más importante, compartido por todos los bloques disidentes, es la gradualidad en la implementación de la boleta electrónica. “Si la oposición piensa que no llegamos de una vez a 2017, será para 2019”, se resignó el legislador por Córdoba ante Parlamentario. Otra alternativa sería la de la boleta única -vigente en Córdoba y Santa Fe- como una especie de transición.
A mediados de septiembre, la Cámara de Diputados pondrá en marcha la discusión por el primer Presupuesto con Macri en el poder. El Ejecutivo ya envió al Congreso a principios de julio el adelanto de las directrices principales del proyecto, con el énfasis puesto en la política social y en la obra pública. Hay quienes ya se entusiasman con un debate profundo y detallado, lejos del “trámite exprés” que sufrió el Presupuesto en los últimos años de Gobierno kirchnerista. Simultáneamente, el presidente enviará al Congreso la modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias, según supo Parlamentario.
Otros de los proyectos de interés para Cambiemos tienen que ver con la transparencia. Son el régimen de contratación público-privada y el de acceso a la información pública. Ambas iniciativas están pendientes de aprobación en el Senado. La Cámara alta también tiene en sus manos la suerte de las propuestas de ley del arrepentido y extinción de dominio sobre bienes provenientes de la corrupción y otros ilícitos. Las numerosas críticas que recibieron los proyectos por parte de senadores y especialistas hacen pensar que volverán con cambios a Diputados. En el primer caso, se buscaría fijar un límite temporal a la posibilidad de arrepentirse. En el segundo, que el decomiso se desarrolle en el marco del derecho penal, y no civil.
En la Cámara baja, Cambiemos negocia con los diputados de extracción sindical el proyecto de primer empleo, tildado por algunos legisladores de la oposición como el exponente del “modelo McDonalds”. La iniciativa ingresó a fines de abril y ni siquiera comenzó a ser debatida en comisiones. Otro proyecto que sí fue discutido pero encontró férrea resistencia es la reforma del Ministerio Público. Con Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General, el Ejecutivo había ideado una nueva estructura basada en la figura de subprocuradores, con el fin de acotar las atribuciones de la jefa de los fiscales, afín al kirchnerismo. Pero no hubo acuerdo posible con la oposición para introducir esta reforma.
Hay un último proyecto en la agenda oficialista y es el de ley de semillas. Según trascendió, la reforma a la norma actual, vigente desde 1973, apunta a que los grandes productores deban pagar por la reutilización de las semillas a las empresas que las desarrollaron, limitando así la figura del “uso propio gratuito” y también regulando el derecho de propiedad intelectual.
¿Cuál es la agenda de la oposición?
Tal como sucedió durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, el actual Poder Ejecutivo mantuvo la capacidad de marcarle la agenda al Congreso. Fue una de las conclusiones que arrojó la labor parlamentaria del primer semestre: los proyectos de mayor relevancia discutidos en los recintos fueron los enviados por Macri. En ese contexto, los distintos bloques se movieron y se mueven según los vaivenes políticos de la gestión. La única iniciativa legislativa que pudo imponer la oposición -con consenso unánime- fue la Ley de Autopartes, motorizada por el “dipusindical” de SMATA Oscar Romero.
La cuestión de las tarifas sigue vigente para la oposición parlamentaria. Y más que nunca. Para la mayoría de los bloques, el fallo de la Corte Suprema que suspendió el tarifazo dejó un agujero al excluir a los sectores productivos que generan empleo, como las pymes y comercios.
El bloque Justicialista en Diputados, por ejemplo, tiene presentado un proyecto de ley de tarifa diferenciada de servicios públicos para clubes de barrio. Y pide que el Parlamento declare la emergencia tarifaria para las pymes. Además, tanto el bloque de Bossio y Romero como el Partido Socialista impulsan una “tarifa social universal”, contemplada como un derecho que no exija ningún trámite burocrático. En este caso sería el Estado el encargado de generar un registro de los beneficiarios de esa tarifa e informar a las distintas empresas.
El Frente para la Victoria recibió esta semana a representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y también tiene un proyecto de tarifa social para cooperativas de trabajo de fábricas recuperadas. Al bloque de Héctor Recalde le preocupa “todo lo que pueda implicar un retroceso en los derechos conquistados durante los últimos doce años”, confió una fuente de ese espacio. En el caso del Frente de Izquierda, insiste con la anulación del tarifazo por ley y la interpelación a Aranguren en el recinto de la Cámara de Diputados.
Más allá del tema de las tarifas, hay otros proyectos que la oposición puja por incluir en la agenda legislativa. Por ejemplo, el Frente Renovador quiere darle fuerza a un proyecto para fortalecer al sector lechero, presentado en La Rural por el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gilberto Alegre. El objetivo es que los tambos participen de un precio mínimo acorde a su aporte en la cadena láctea. Los productores ya fueron convocados a exponer su situación.
El bloque Justicialista también impulsa un proyecto de régimen de la Marina Mercante, de Gustavo Martínez Campos. En tanto, la izquierda exige tratar un proyecto de aumento de emergencia a jubilados y rentas vitalicias, y la despenalización del aborto. La investigación de las propiedades medicinales del Cannabis es otro de los temas en agenda de legisladores de distintas fuerzas.
