Funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron sobre la resolución que fijó cuatro criterios para ponerle fin a la arbitrariedad en el reparto de la pauta gubernamental. La medida fue bien vista por los senadores, que no obstante pidieron un marco regulatorio con carácter de ley.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado inició este miércoles el debate de cuatro proyectos de ley para regular la publicidad oficial, con la participación especial de funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron sobre la resolución gubernamental firmada al respecto, celebrada por legisladores de todos los bloques.
La reunión -que se realizó durante una hora en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo- contó con la participación del secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; de Silvana Giudici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones (exAFSCA); y de la secretaria de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Paula Bertol.
Las iniciativas de los senadores Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa), Magdalena Odarda (CC ARI-Río Negro), Jaime Linares (GEN-Buenos Aires) y Liliana Fellner (FpV-Jujuy) -presidenta de la comisión-, así como la resolución ya firmada por del gobierno de Mauricio Macri, apuntan a ponerle fin a la arbitrariedad en el reparto de la pauta gubernamental.
Esta decisión fue bien vista por los senadores que participaron de la reunión, aunque incluso desde el oficialismo hicieron votos por la aprobación de un marco regulatorio con fuerza de ley.
La discusión continuará la semana, ahora en una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adonde también fueron girados los proyectos.
La propuesta oficial
Encarga de la apertura del debate, a las 9.40, la exdiputada radical Silvana Giudici señaló que los fallos de la Corte Suprema de Justicia “indican la necesidad de contar con un sistema de publicidad oficial”. Según precisó, el primero de ellos, de 2007, estableció que si bien la publicidad oficial “no es un derecho de los medios”, “el Estado no puede asignar los recursos de manera arbitraria sino en base a criterios”.
En este sentido, remarcó que durante los gobiernos kirchneristas hubo un aumento exponencial de la pauta oficial, que pasó de 46 millones de pesos en 2003 a 2.500 millones en 2011. Como ejemplo de la arbitrariedad con la que se repartió, indicó que el periodista Roberto Navarro -cercano al kirchnerismo- llegó a recibir en un solo semestre alrededor de tres millones.
“La Corte dice que la publicidad oficial no es para subsidiar sino para generar una herramienta válida de acceso a la información pública”, advirtió en esta línea.
Giudici explicó que la resolución que firmó la Casa Rosada establece cuatro “criterios objetivos” para el reparto de la pauta y que regirá mientras el Congreso debate un marco regulatorio con carácter de ley.
La resolución define los criterios de la siguiente manera: alcance del medio, “en función de su circulación o audiencia”; pertinencia del mensaje, “en función de la especialización del medio o plataforma y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje”; zona geográfica, “en función que los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje”; y fomento del federalismo y la pluralidad de voces, “en función que los medios o plataformas sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia”.
Giudici explicó entonces que el objetivo es que la pauta oficial “no sea propaganda electoral” sino que se base en “cuestiones de interés público”. “Toda la información va a estar disponible”, aseguró, para garantizar mayores grados de transparencia.
Además remarcó la importancia de que los medios cuenten con un código de ética o manual de buenas prácticas, de auto-regulación del ejercicio del periodismo y con una guía para tratar correctamente temas como la violencia de género o la discriminación.
Por su parte, el secretario de Comunicación Pública sostuvo que la “distribución de la pauta oficial tiene que tener un solo objetivo, que es comunicar actos de gobierno” y que “no hay otra misión que esa en la distribución de dinero publico”.
Rechazó entonces que la pauta oficial sea para “ayudar” a los medios de comunicación o como “intento de influencia en la línea editorial”. No obstante, Grecco denunció que “la distorsión ha sido gigantesca” en los últimos años por cuanto el Estado se volvió “acreedor” de empresas de medios.
Mencionó al respecto dos decretos de “canje publicitario” por el cual algunos medios han canjeado deudas al fisco por 3.000 millones de pesos por pauta publicitaria en los últimos cinco años. “Esa ayuda indirecta les permitió a esas empresas financiarse con deudas previsionales e impositivas”, lamentó el funcionario y alertó que “el Estado es acreedor de esos medios por montos que superan el valor de mercado de esos medios”.
Por otro lado, Grecco resaltó que “las nuevas tecnologías” -como las redes sociales- logran abaratar la publicidad oficial.
La opinión de los senadores
En este marco, el senador Marino destacó que la regulación de la pauta oficial servirá para prevenir los casos de empresarios de medios de comunicación que negocian con los gobiernos de turno la recepción de acaudalados montos de publicidad oficial para enriquecerse, luego quebrar y dejar sin empleo a los periodistas.
“Son delincuentes que se robaban la plata del Estado. Creo que la resolución no es lo correcto, pero es un gran avance”, aseguró el legislador radical, que hizo votos por reemplazar la resolución por una ley.
Situación similar es la que pasó con el Grupo Veintitrés, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, uno de los conglomerados de medios más beneficiados por los gobiernos kirchneristas que avanzó con el cierre de sus medios y el despido de decenas de trabajadores.
“Me parece muy bien esta resolución. La hemos integrado como insumo importantísimo porque es un avance”, reconoció la peronista Liliana Fellner, presidenta de la comisión, que pidió mirar el “presente y el futuro” en lugar del “pasado”, luego de que el oficialismo criticara al kirchnerismo por haber frenado los proyectos durante los últimos 12 años.
“La ley está pendiente desde 1983 (con el retorno de la democracia)”, retrucó, para recordar que el actual oficialismo presidió esta comisión y tampoco logró avanzar con una ley al respecto.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, destacó por su parte que esta resolución “es más que una regulación; es una auto-regulación” que se aplicó el gobierno de Cambiemos a sí mismo.
