El oficialismo logró su objetivo de avanzar con el texto aprobado en Diputados, aunque impulsará cambios en una ley paralela.
El proyecto de ley de acceso a la información pública obtuvo dictamen este miércoles sin cambios, tras un debate que arrojó posturas divididas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado.
La definición sobre la suerte del dictamen se demoró hasta tiempo después de concluido el plenario en el Salón Illia, mientras se reunían las firmas.
Mientras que el oficialismo pretendía aprobar el proyecto con media sanción de Diputados y elaborar un proyecto “correctivo” en paralelo para no demorar la sanción de la norma, la oposición pujaba por devolver la iniciativa con cambios a la Cámara de origen.
Si bien existía consenso en torno a los objetivos de la norma, en la Cámara alta se plantearon modificaciones en torno a la autoridad de aplicación –si será unipersonal o colegiada- y el control parlamentario de la ley.
En ese contexto, los macristas Federico Pinedo y Ernesto Martínez, y los radicales Ángel Rozas y Silvia Elías de Pérez sugirieron avanzar con la media sanción de Diputados y aprobar un texto paralelo incluyendo cambios.
“Los diputados no van a cambiar su voto, entonces aprobemos este despacho y sancionemos una ley correctora”, propuso el cordobés Martínez.
Pero los oficialistas se encontraron con el rechazo de los peronistas Juan Irrazábal, Adolfo Rodríguez Saá y el propio Marcelo Fuentes, quien presidió el plenario.
“No somos una Cámara obediente ni sumisa. No acepto pactos entre diputados y senadores que anulen la facultad revisora del Senado”, disparó el puntano Rodríguez Saá, en la misma línea que Irrazábal, quien sostuvo: “No podemos desaprovechar todo lo que hizo el Senado”.
Por su parte, Fernando “Pino” Solanas advirtió que “hace nueve o diez meses que estamos esperando que el fallo de la Corte Suprema sobre el acuerdo con Chevron se cumpla”.
Jaime Linares, del GEN, admitió que la de Diputados “es una buena ley”. “Estamos cumpliendo una necesidad institucional”, destacó.
En cambio, las camporistas Anabel Fernández Sagasti y Virginia García cuestionaron la oportunidad del debate. “No hay urgencia en sancionar la ley”, consideró la cuñada del diputado Máximo Kirchner.
