Uno de los caballitos de batalla de Cambiemos en materia legislativa es la reforma política. Una cuestión a la que le presta especial atención el oficialismo y que fue deliberadamente reservada para el segundo semestre. En el inicio de su gestión, el Gobierno -a través del Ministerio del Interior- se ocupó del tema convocando a las autoridades provinciales primero, después a todos los partidos y luego a especialistas diversos, con el fin de elaborar el anteproyecto que ya está en manos de los diputados.

Sabe el Gobierno que el tema tiene que salir “sí o sí”, en los próximos meses, para poder ser implementados los cambios a partir de las próximas elecciones. De hecho, quiere tenerlo aprobado antes del Presupuesto Nacional. Si el tema se trabara, ni pensar que el año que viene, electoral, pudiera avanzar una norma de esas características. De hecho, Cambiemos no se hace ilusiones en materia legislativa para 2017, un año que estará monopolizado por la pelea electoral y en el que no habrá espacio entonces para ningún proyecto ambicioso. Se sabe que los consensos pasan a segundo plano cuando la pelea política prevalece.

El arranque del debate de la reforma política fue auspicioso, pero conforme se aproxima la hora del debate legislativo, varias de las aspiraciones iniciales del oficialismo comenzaron a quedarse en el camino. El proyecto quedó reducido, sostienen muchos, a una reforma electoral, pero el Gobierno se dará por hecho si finalmente logra imponer la Boleta Unica Electrónica, el objetivo principal del macrismo. Sin embargo, ante las objeciones, ya las autoridades debieron admitir que al menos para el próximo año la implementación del voto electrónico será parcial. Lo cual genera cuestionamientos respecto de cómo podrían convivir en una misma elección dos sistemas distintos y cuáles serían los mismos. ¿Boleta electrónica en algunos distritos, y la sábana actual en otros? ¿O BUE junto a boleta única en papel? Veremos qué se resuelve en el plenario de comisiones.

Paralelamente al debate que se realizará, con cabecera en Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, vendrá con nuevos aditamentos. Como si no fuera suficiente una reforma de proporciones como la que promueve el Gobierno, se han agregado otras propuestas a partir de iniciativas que nacieron en la oposición, pero que encuentran anuencia de parte del oficialismo. Puntualmente hablamos de dos iniciativas que se las traen, por la polémica que acarrean.

Por un lado, la actualización de la cantidad de representantes por cada distrito electoral, en función de los resultados del último censo nacional, lo que traería aparejado un fuerte incremento del número de diputados nacionales, a partir del crecimiento poblacional de las provincias más grandes.

El otro proyecto propone nada menos que la paridad legislativa entre hombres y mujeres. Una iniciativa que cobró fuerza en las últimas semanas y que alcanzó su máxima difusión el miércoles 24 de agosto, cuando diputadas y diputados de todos los bloques se tomaron fotografías simbólicas expresando ese reclamo en el Salón de Pasos Perdidos, y luego en el recinto el reclamo se expresó a través de carteles en las bancas.

Las dos propuestas serán tratadas conjuntamente con la reforma política y, según admitió el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, la segunda es la que tiene mayores posibilidades de ser aprobada.

Una Cámara baja más grande

La última recomposición del número de legisladores se dio en diciembre de 2001, cuando a partir de lo establecido por la Constitución Nacional reformada en 1994, el Senado de la Nación se estiró de 48 miembros a 72, dando lugar a un senador “por la minoría” en cada distrito. Diputados se mantiene inalterable desde 1983, a pesar de que un mandato constitucional también advierte sobre su necesaria readecuación.

En efecto, el artículo 45° de la Carta Magna establece que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

Pese a ese mandato constitucional que sostiene que “después de la realización de cada censo” el Congreso debe determinar cómo reacomodar los tantos en función del aumento o descenso poblacional en cada distrito, eso no se ha cumplido. “Ni en 1990, ni en el año 2000, ni en 2010”, observó Pablo Tonelli, quien aclaró que “originariamente no estaba previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo tratar este tema, pero una vez que se inició el debate recibimos el planteo de varios bloques de cumplir con este mandato y adecuar la representación de diputados a la última cifra del censo que quedó congelado en 1982 por ley de la Junta Militar”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fue una de las organizaciones que advirtió en su momento que “las provincias más grandes están subrepresentadas en la Cámara de Diputados”, en palabras de su director ejecutivo, Torcuato Sozio. Tal cual señalara en la edición 1346 de Semanario Parlamentario, se trata de “una cuestión política muy sensible”, por cuanto traería aparejado que algunas provincias tuvieran que reducir la cantidad de diputados.

“La verdad es que nosotros no lo hacemos para nada por una cuestión política; lo hacemos porque es una cuestión legal, normativa. Sino habría que cambiar la Constitución, no las leyes”, remarcó Sozio.

Los diputados lo solucionarían sin entrar en polémica: no reducirían la representación de ninguna provincia, sino aumentarían la de aquellas donde se incrementó la población. “Si derogamos la ley de (Reinaldo) Bignone del 82, hay provincias que tienen sobrerepresentación; deberían tener dos diputados, que es lo mínimo que fijó la Constitución histórica, según la base”, advirtió Tonelli en diálogo con Parlamentario. Pero aclaró que “nos parece que sería ponerlas en una situación de mucha inferioridad en cuanto al número de diputados. Estamos de acuerdo en que ninguna provincia reduzca la cantidad de diputados, solo aumentarán las que están subrepresentadas”.

Lo cierto es que para el debate en comisión se analizarán tres proyectos presentados sobre el tema, ninguno perteneciente al Pro. Uno corresponde a la diputada de izquierda Myriam Bregman; otro es de Margarita Stolbizer (GEN) y el tercero de la radical Carla Carrizo. Las tres iniciativas difieren en la cantidad de diputados que pasaría a tener la Cámara baja, en caso de ser aprobadas. Veamos.

300 diputados

De todos, el proyecto más antiguo corresponde a Carla Carrizo, quien lo presentó el 24 de junio del año pasado. La propuesta de la diputada de la Ciudad de Buenos Aires establece en su primer artículo que el número de diputados nacionales será en cada distrito de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, mientras que el artículo 2° dispone que después de la realización de cada censo el Congreso actualice la representación de las provincias, según el resultado del mismo, pero aclara que se podrá aumentar “pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

“En ningún caso la representación política de los distritos puede ser menor de 6 diputados, ni inferior a la que cada distrito tiene al 10 de diciembre de 1983”, puntualiza también la iniciativa.

Ahora bien, ¿cómo quedaría la nueva Cámara baja según la propuesta de Carla Carrizo? Ella advierte que según el criterio que distribuyó bancas conforme al censo de 1980, si nos atuviéramos al módulo -considerado en su momento en la Ley 22.847- de 161.000 habitantes o fracción mayor de 80.500 por diputado, y los proyectáramos al resultado del Censo 2010, encontraríamos que a la provincia de Buenos Aires le corresponderían 97 diputados (en lugar de los 70 actuales); a Córdoba 21 diputados (en lugar de los 18 actuales); a Santa Fe 20 (en lugar de 19); a Mendoza 11 diputados (hoy tiene 10); y a Salta 8 (en lugar de los 7 actuales). Sin embargo advierte la diputada radical que el mínimo establecido de 5 bancas causa un desfase entre la base poblacional y la asignación de diputados en cada provincia. Esto beneficia a las doce provincias que tienen menos de 724.000 habitantes (es el número de habitantes que debería ser necesario para llegar a los cinco si no hubiera “mínimos”) y la incidencia de estas bancas bonificadas termina perjudicando a los “grandes”, que están consecuentemente sub-representados. Por ello propone que las provincias que actualmente eligen 5 diputados, tengan un diputado más. De acuerdo con el principio proporcional, la representación de los distritos debe integrar en forma proporcional a las fuerzas políticas. Esto implica que debe haber un número de bancas que sea divisible en partes, porque no podemos dividir lo indivisible. Lo cierto es que hoy las diez provincias chicas eligen 5 diputados, pero por mitades, es decir, 2 y 3 diputados cada dos años. Por este motivo es que propone para adecuar el principio representativo, es decir que los mismos resultados cada dos años garanticen el mismo acceso con un piso de 6 diputados: 3 y 3.

Así las cosas, la nueva Cámara baja que propone Carrizo es la siguiente: Buenos Aires 97 diputados; Catamarca 6; Chaco 7; Chubut 6; Ciudad de Buenos Aires 25; Córdoba 21; Corrientes 7; Entre Ríos 9; Formosa 6; Jujuy 6; La Pampa 6; La Rioja 6; Mendoza 11; Misiones 7; Neuquén 6; Río Negro 6; Salta 8; San Juan 6; San Luis 6; Santa Cruz 6; Santa Fe 20; Santiago del Estero 7; Tierra del Fuego 6; Tucumán 9. Total: 300 diputados.

324 diputados

El segundo proyecto sobre el tema corresponde a Margarita Stolbizer y fue presentado el 15 de junio pasado. La norma aclara en primer lugar que busca dar cumplimiento a lo que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional; mientras que el artículo 2° puntualiza que el número de diputados por distrito será de uno cada 140.000 habitantes, o fracción no menor a 70.000, y “en ningún caso se elegirán menos de cuatro diputados por distrito”.

La propuesta de Stolbizer hace hincapié en “una flagrante inconstitucionalidad” que resulta de la norma dictada por la dictadura en 1982, que al establecer un piso de 5 diputados por provincia ha llevado a que, actualmente, la provincia menos poblada –Tierra del Fuego– teniendo una cantidad estimada en el último censo nacional de 126.190 habitantes, cuente con un representante en la Cámara de Diputados de la Nación cada 25.238 habitantes. “Esta situación violenta el artículo 45 de la Constitución Nacional, que establece una base de representación de un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Siguiendo el criterio constitucional, entonces, para tener los 5 diputados que actualmente posee, la antedicha provincia debería contar con un piso de 148.500 habitantes”, lo que resulta de cuatro diputados cada 33.000 y un diputado por la fracción no menor de 16.500 habitantes.

Por eso es que Stolbizer considera necesario que una ley de la democracia subsane la actual situación de ilegalidad, atenta a tres cuestiones: 1) Una nueva repartición de escaños de la Cámara que modifique lo menos posible la situación actual de aquellas provincias menos pobladas pero que se adecue a la Constitución Nacional; 2) no ampliar sobre medida la cantidad de escaños en el Parlamento, puesto que, remarca la diputada del GEN, “la historia y la ciencia política han demostrado que no existe correlación necesaria –sino por el contrario– entre incremento de la eficacia legislativa de los parlamentos e incremento del número de legisladores en ellos”; 3) ajustar la proporción de los representantes de cada jurisdicción en la Cámara en base a la correlativa proporción poblacional de cada distrito el total poblacional del país, atendiendo al crecimiento poblacional dispar de las diversas regiones en las últimas tres décadas.

Para Stolbizer, resulta indudable la contradicción entre el principio de representación a partir de una cifra repartidora –y por ello el principio de que un voto en Jujuy “vale” lo mismo que uno en Chubut o en Buenos Aires– y el establecimiento de un piso mínimo de representación. Sin embargo, si elimináramos ese piso manteniendo constante la cifra repartidora que hoy existe, encontraríamos un Congreso donde las provincias menos pobladas como Tierra del Fuego o Santa Cruz verían mermada su cantidad de diputados de 5 a 1 o 2, respectivamente. En el otro extremo, si ajustáramos la cifra de representación para que las provincias menos pobladas mantuvieran “genuinamente” el número de diputados que hoy poseen y un voto “valiera” lo mismo en las diferentes partes del país, nos encontraríamos con una cifra repartidora de un diputado cada 25.200 habitantes –hecho que vulnera la norma constitucional que establece que la cifra repartidora no podrá ser menor a uno cada 33.000 habitantes– y una Cámara baja de aproximadamente 1.600 miembros.

Otra fuente de distorsión es el hecho que, desde 1983 a la fecha, no se ha realizado ninguna modificación vinculada a los datos censales, pese a los cambios poblacionales notorios que éstos mostraban. De este modo, se ha perjudicado a las provincias que han experimentado un incremento poblacional desde entonces. Si se adecuara la composición de la Cámara conforme los datos del censo 2010, sin modificar la normativa de facto la Cámara baja pasaría de los 257 miembros actuales a 324. Según ese criterio, todas las provincias deberían tener diputados adicionales por su población, con la excepción de Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, que seguirían manteniendo el piso mínimo de cinco diputados.

A su vez, Buenos Aires incorporaría 30 diputados más que los que tiene actualmente; Córdoba 6; Santa Fe 4; Mendoza 4; Entre Ríos 2; Salta 4; Misiones 3; Chaco 3; Corrientes 2; Santiago del Estero 2; mientras que San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Formosa, Chubut y San Luis sumarían solo uno. En cambio la Ciudad de Buenos Aires reduciría su representación en 4 miembros.

328 diputados

El último proyecto presentado sobre el tema corresponde a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, que tiene como cofirmantes a Diana Conti y Omar Plaini. La iniciativa coincide con la de Carla Carrizo en cuanto a la cantidad de diputados a elegir –uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500 habitantes–. Es muy concreta y ya en su segundo artículo deja claro cómo sería la conformación por distrito, a saber: Buenos Aires 100; Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25; Córdoba 24; Santa Fe 23; Mendoza 14; Tucumán 12; Entre Ríos 11; Salta 11; Misiones 10; Chaco 10; Corrientes 9; Santiago del estero 9; San Juan 7; Jujuy 7; Río Negro 7; Neuquén 6; Formosa 6; Chubut 6; San Luis 6; Catamarca 5; La Rioja 5; La Pampa 5; Santa Cruz 5, y Tierra del Fuego 5.

En los fundamentos, Bregman advierte sobre la “desproporción” de la cantidad de representantes entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba, los tres con un padrón relativamente similar, y donde estas dos últimas provincias resultan perjudicadas, por cuanto “la actual proporción surge del Decreto Ley 19.862 firmado por el entonces dictador Alejandro Agustín Lanusse y no contempla siquiera que la Capital Federal no creció demográficamente en los últimos 45 años, mientras que sí lo hicieron las restantes provincias”.

De aprobarse el proyecto de Bregman, la Cámara de Diputados pasaría a tener una composición de 328 diputados. Como Stolbizer, la diputada del PTS usa argumentos de Diego Reynoso, quien cita dos ejemplos comparables demográficamente con Argentina: Canadá, que posee una población de 34 millones, la cual está representada en una Cámara baja de 308 miembros; a la vez que Sudáfrica, con una población de 50 millones, posee una Cámara baja con 400 miembros. Agrega el caso más cercano de España, con una población de 40 millones y una Cámara baja integrada por 350 miembros. Por lo tanto, sostiene Reynoso, “hay elementos que pueden justificar un incremento del tamaño de la Cámara baja y adecuarla a la normativa”.

Las mujeres arriba

La propuesta para establecer la paridad de género en el Parlamento tuvo una velocidad y eficacia digna de destacar. Porque la iniciativa llegó con fuerza y hoy ya está prácticamente resuelto que avance en la Cámara de Diputados. Así lo admitió ante Parlamentario el diputado Pablo Tonelli: “Está resuelto, de manera que va a ser uno y uno”. Confió incluso que en su bloque hay una mayoría a favor de que la norma salga. Se sabe que él no está de acuerdo con esta norma, pero se sabe en desventaja.

En rigor, según pudo verificar Parlamentario, muchos legisladores varones guardan fuertes reparos a establecer la paridad de género, pero no se animan a revelarse en contra. “Las chicas están en llamas”, graficó un legislador oficialista.

Habrá que ver qué sucede en el Senado, pero no hay dudas de que en Diputados será aprobada y podría implementarse a partir de las próximas elecciones: un hombre y una mujer, 50% y 50% en todas las listas.

El oficialismo quería, eso sí, que la norma fuera incluida en un proyecto aparte de la reforma política que mandó el Ejecutivo, pero a instancias del massismo será incorporada.

En cuanto al proyecto para incrementar el número de diputados, Tonelli señaló que “lo vamos a poner en tratamiento y veremos qué pasa”. No hay ninguna garantía de que vaya a salir. “No es que esté de acuerdo, ni en desacuerdo -aclaró el diputado del Pro-. Pero es una manda constitucional y debemos decidir si seguimos con la Cámara integrada de la manera como dispuso Bignone… Me parece que esa es otra buena razón para avanzar, porque el gusto de la Junta Militar no me parece que sea lo mejor”.

De todos modos, ahí sí deberá ser una ley separada respecto de la reforma política. En caso de aprobarse, ¿se implementaría en las próximas elecciones? “Sería lo lógico -admitió el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-. A menos que haya alguna cláusula transitoria y se implemente en 2019.

¿Y el costo fiscal? El plantel de la Cámara se incrementaría en un número superior a las 400 personas, teniendo en cuenta que cada legislador tiene un mínimo de dos secretaria/os y tres asesores. Pero fuentes de Cambiemos adelantaron que deberán “buscarle la vuelta para que el gasto no se incremente, y en ese sentido puntualizaron que incluirían una cláusula que diga que el aumento del cuerpo no implicará un incremento de los gastos de la Cámara baja. Veremos cómo lo hacen.