Convocada por las diputadas Margarita Stolbizer (GEN), Alicia Cciciliani (Partido Socialista) y Victoria Donda (Libres del Sur), se realizó encuentro en la Cámara baja sobre el aumento del precio del gas, que contó con la participación de organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios, técnicos especialistas y otros diputados y dirigentes políticos.

Las legisladoras coincidieron en el rechazo a “cualquier medida de ajuste que, a expensas de los sectores de menores y medios recursos, pretenda garantizar rentabilidad a los sectores concentrados”.

A través de un comunicado, sostuvieron que “el procedimiento estuvo viciado de origen por la falta de consulta y las decisiones fueron adoptadas por funcionarios comprendidos por las incompatibilidades y conflictos de intereses de la Ley de Ética Pública. Hubo un alto nivel de improvisación y una absurda obstinación por parte del gobierno que se negó a volver atrás sobre los propios errores –regateos con topes y proyección de una audiencia “de carácter informativo” al margen-, obstruyó la discusión en el Congreso y nos dejó como única alternativa recurrir a la vía judicial para frenar un aumento que desde su implantación hemos calificado de brutal e ilegal”.

Expresaron que las audiencias públicas “no deben constituir un mero trámite formal para convalidar decisiones tomadas a espaldas de la sociedad, sino verdaderas instancias de participación y consulta como indican la Constitución y las leyes. Siempre son obligatorias y permiten analizar el contexto económico y social en el que se deben tomar las decisiones”.

Frente a la audiencia pública a celebrarse la semana próxima por orden de la Corte Suprema exigieron:

– Hacer extensiva la realización de audiencias públicas a todos los servicios públicos.

– Proceder a una revisión integral de los esquemas tarifarios y la composición de la estructura de costos de las tarifas.

– Discutir y determinar el precio del gas en boca de pozo.

– Esclarecer en qué se invirtieron los subsidios y cuál será la erogación definitiva del estado.

– Definir y explicitar cuál es el plan de inversiones de las empresas y cuál es el margen de rentabilidad que deben tener las empresas de servicios públicos esenciales.

– Establecer que la implementación de todo aumento deba ser gradual y razonable, considerando el perfil y la capacidad de pago de los usuarios. Necesidad de establecer un esquema de subsidios más progresivo y definir el universo de usuarios de la tarifa social, la situación de monotributistas y las entidades comunitarias.

– Revisión por regiones de acuerdo a los factores climáticos.

– Preservar el empleo, exigir las inversiones necesarias y el acceso igualitario de todas las personas a una prestación adecuada, universal, permanente y de calidad de los servicios.

Participaron de la audiencia el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino; el presidente de la Asociación Consumidores Responsables, Henry Stegmayer; por la ONG Consumidores Argentinos, Elvis Toto; el presidente del Centro de Estudios para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, Juan Diego González Morales; el director ISEPCI, Isaac Rudnik; el especialista en energía y servicios públicos Cristian Folgar; la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, Liliana Schwint; el presidente del GEN en la provincia de Buenos Aires y coordinador de Comisiones Técnicas del GEN, Omar Duclós; el presidente del GEN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya; el especialista en entes reguladores Miguel Angel Otero; la referente de Derechos del Consumidor Carolina Suárez; la secretaria del Consejo Economico Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Gonzalez Velasco; y los diputados nacionales Federico Masso, Gabriela Troiano y Lucila Duré; el secretario general de Libres del Sur por la provincia de Buenos Aires, Jorge Cevallos y la directora de la Fundación Ebert Dorte Wollrad.