El proyecto obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de Diputados, pero será modificado en el recinto por pedido de todos los bloques, incluido el radicalismo.
Con duras críticas, la oposición en pleno presionó para modificar el proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) en el recinto de la Cámara de Diputados, tras un plenario de comisiones donde se firmó dictamen favorable.
La iniciativa avanzó con dificultades este martes en una reunión conjunta de Legislación General y Presupuesto, donde el propio bloque radical manifestó objeciones, que se tradujeron en firmas en disidencia.
El massismo, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria reconocieron la necesidad de sancionar una ley sobre contratación público privada para potenciar el decreto 967/2005, firmado por el expresidente Néstor Kirchner.
Sin embargo, advirtieron que el proyecto oficial significa una “concesión” a las empresas privadas en detrimento del Estado, y agregaron que no se garantiza el régimen de “Compre Trabajo Argentino”, que prioriza los bienes de origen nacional.
Además, los bloques opositores coincidieron en que es el sector privado el que debe hacerse cargo de los pasivos ambientales para los proyectos de inversión.
“Ponen al Estado en una posición incómoda y de no respeto a la jurisprudencia”, consideró el diputado Diego Bossio (BJ), quien alertó que con el proyecto “desaparecen las prerrogativas que tiene el Estado para terminar con una concesión”.
El exdirector ejecutivo de la ANSES sostuvo que “hay una desigualdad manifiesta donde el Estado está en desventaja con respecto al privado”, y pidió la opinión del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, “para ver si se está respetando el derecho administrativo”.
Por el Frente Renovador, Marco Lavagna señaló que “estamos dando ‘sobregarantías’ sobre temas que son de riesgo empresarial”, y pidió modificar el artículo primero, donde observó que “cualquier cosa se puede hacer con el sistema PPP, hasta un maxikiosco”.
Axel Kicillof, exministro de Economía, aseveró que el proyecto “puede convertirse en una nueva ley de privatización de los servicios públicos”, y habló de un “exceso de garantismo a favor de los capitales extranjeros”.
El proyecto también recibió críticas por parte de la UCR, en la voz de Ricardo Alfonsín, quien rechazó la prórroga de jurisdicción, que permitiría a las empresas acudir a los tribunales extranjeros en caso de litigios.
Con argumentos similares, también se expresaron en contra Pablo López (Partido Obrero), Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y el extitular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador).
Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) ratificó que el proyecto sufrirá cambios en el recinto, por lo que volverá al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa original fue enviada por el Poder Ejecutivo, en busca de atraer inversiones, y ya recibió numerosas modificaciones en la Cámara alta.
