El otro tema aprobado es el que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)”, más conocida como Ley de Dislexia. El proyecto había sido avalado el miércoles pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ya contaba con dictamen de las comisiones de Educación y de Salud. Ya en el recinto, fue aprobado por 206 votos a favor

Al fundamentar el proyecto proveniente del Senado, el radical José Luis Riccardo señaló que esta problemática “refleja el reclamo de muchas familias, por las dificultades que atraviesan sus hijos en el aula, ya que el sistema educativo no ofrece suficientes respuestas e instrumentos integradores para esta problemática”. Asimismo se refirió al testimonio de los docentes, e hizo un reconocimiento a “todas las organizaciones que trabajaron para este nuevo derecho”.

Por su parte, la macrista Alicia Besada aseguró que “legislando esta ley estamos demostrando que nos interesa lo heterogéneo”. Agregó que “los docentes agobiados ya no se van a preocupar tanto por apuntalar, porque van a tener ayuda en esa tarea”, y se mostró “feliz” con que esta ley “esté prontamente normada”.

“Este proyecto tiene una visión reduccionista de la problemática”, cuestionó la kirchnerista Luana Volnovich, quien advirtió que “pretende otorgar a los docentes competencias en las escuelas en la detección de síntomas para este problema”. En ese sentido advirtió que eso podría terminar abriéndole las puertas a un negocio de los laboratorios. La diputada de La Cámpora abogó entonces a favor del proyecto de su bancada, por cuanto “el docente a cargo de la escuela requiere un acompañamiento del Estado, pero ellos no pueden ser responsables de advertir los síntomas”.

Desde esa misma bancada, Daniela Castro expresó su disidencia respecto de ciertos artículos, señalando que en la comisión no se llegó por ejemplo a un acuerdo en torno a la definición de la dislexia. Asimismo cuestionó el lenguaje “estigmatizante” del proyecto, que habla del “alumno disléxico”, cuando tendría que hablarse de un “alumno con dislexia”.

Por el massismo, Cecilia Moreau dijo que “este proyecto apunta a integrar e igualar”. Agregó que “los chicos que enfrentan estas dificultades, al igual que sus familias, se enfrentan a un sufrimiento oculto”. Expresó además que el Estado “tiene la responsabilidad de supervisar la educación para todos; pero en este caso creemos que tiene especial atención”.

A través del diputado Héctor Tentor, el bloque Justicialista adelantó su apoyo al proyecto, que a su juicio “da visibilidad a quienes están padeciendo dificultades de aprendizaje”. Adelantó paralelamente que su bancada está elaborando un proyecto para avanzar con métodos alternativos para la enseñanza, más allá de la lectoescritura. “Como padre de hijo disléxico, y con las posibilidades de hacer frente a las distintas situaciones que se plantean, me veo en la obligación de advertir sobre la incapacidad de los profesionales para avanzar sobre este tema”, expresó.

La socialista Gabriela Troiano hizo hincapié en la necesidad de prevención, y alertó sobre un proyecto que “duerme en la Cámara de Diputados”, que tiene su origen en una prueba que se realiza a los chicos antes de los 6 años, no a todos sino a aquellos que presentan una problemática, que podría detectar estas situaciones y tratarlas anticipadamente. La legisladora señaló que el proyecto vino del Senado y cuenta con aprobación en la Comisión de Salud, y “permitiría prevenir estas situaciones. Es una ley cuyo objetivo es la prevención, que evitaría que los niños sean sometidos a bullying”.

Para el diputado Gilberto Alegre, este proyecto le quita responsabilidades al Estado, preguntándose qué sucederá con los niños con dislexia que no cuenten con obra social. “El Estado no ha dado posibilidades para hacer un acompañamiento a este tipo de problemáticas”, cuestionó, insistiendo en la necesidad de que haya gabinetes psicopedagógicos en todos los establecimientos educativos para atender estas situaciones.

Se quejó por la falta de estadísticas, y se preguntó cuántos alumnos no saben leer a temprana edad y no necesariamente por dislexia. “Lo que yo estoy planteando es aprobar este proyecto, pero no debemos por ninguna casualidad quitarle responsabilidad al Estado en poner gabinetes psicopedagógicos para acompañar a los padres en dificultades que no tienen acceso a las obras sociales”.

A continuación, el diputado Franco Caviglia anunció el apoyo del bloque Juntos por Argentina, pero aclaró que lo hacía de manera parcial, porque “no es una ley completa, no estamos de acuerdo con que se legisle por patología”. Y luego Alcira Argumedo, por Proyecto Sur, consideró “una muy buena intención llevar adelante esta ley”, pero advirtió que “es peligrosamente restrictivo este proyecto de ley”, por cuanto está acotado a las circunstancias de ese problema.

“¿Qué haríamos con esos chicos que tienen dificultades de aprendizaje y no tienen las características estrictas marcadas por esta ley?”, se preguntó, y aclaró que lo hacía en su carácter de investigadora del Conicet.

La diputada Berta Arenas también adelantó el apoyo de su bancada, esperando que “el Estado genere políticas integrales” sobre el tema.

La iniciativa original fue presentada por la senadora María Laura Leguizamón y obtuvo media sanción en octubre de 2015; además, es impulsada por la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM). El proyecto incluye el tratamiento de esta enfermedad en el Plan Médico Obligatorio (PMO), por lo que quedaría bajo la cobertura de las obras sociales y prepagas.