La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dejó entrever cual será su accionar en caso de avanzar el proyecto para limitarle las atribuciones, que impulsa Cambiemos, al señalar que el mismo “sería claramente inconstitucional”.

Entrevistada por la agencia Télam, la funcionaria judicial sostuvo que en caso de aprobarse la norma, se estaría violando el artículo 120 de la Constitución Nacional que establece que el Poder Judicial es autónomo e independiente.

Según Gils Carbó, “la injerencia está dada porque funciones claras de la Procuraduría se trasladan a 16 legisladores que además no son representativos de todas las provincias”. Señaló en ese sentido que esos legisladores “tendrían la facultad de designar fiscales, titulares de procuradurías, de unidades especializadas, trasladarlos y hasta de aprobar o rechazar instrucciones generales”.

A su juicio, el proyecto permitiría que la política criminal del Ministerio Público quede “en manos del Poder Legislativo y en manos, porque lo dice claramente el proyecto de ley, del Consejo de Seguridad que está integrado por las fuerzas de seguridad”.

Asimismo se preguntó por el rol de la Procuraduría de Violencia Institucional “cuando sean las fuerzas de seguridad, a quién controlamos, las que nos dicten las políticas criminales”, algo aseveró “sería muy grave”.

Con respecto al acortamiento de su mandato, que sería limitado a cinco años, estimó que su figura se volvería “débil”, por cuanto “va ser dependiente del poder de turno y esto afecta la autonomía e independencia de todos los fiscales y jueces, porque el Ministerio Público Fiscal es garantía de la independencia judicial”.