En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto donde se pretende prohibir la práctica de emplear parientes “sin importar el mérito para la función por priorizar su lazo familiar con el designante”.
El diputado por Cambiemos Guillermo Castello presentó este proyecto de ley en la Cámara baja bonaerense donde se establece la prohibición de nombramientos, designaciones y contrataciones de parientes por parte de los funcionarios públicos de los tres poderes y de las empresas del Estado provincial para combatir la práctica del nepotismo.
El legislador marplatense explicó los alcances de su iniciativa: “establece que todos los funcionarios públicos provinciales tendrán prohibido realizar nombramientos y designaciones permanentes o provisorias de parientes consanguíneos o por afinidad, cónyuges o parejas convivientes, quedando exceptuados los casos en que mediaren procesos de selección competitivos o meritocráticos, como un concurso público”.
Según el legislador, el proyecto se encuentra en línea con la agenda de institucionalidad, transparencia y combate a la corrupción que la Coalición Cívica, fuerza liderada por la diputada nacional Elisa Carrió, ha impulsado históricamente.
En este sentido, el legislador provincial aseguró que “una de las formas más extendidas e irritantes de la corrupción pública son los nombramientos basados únicamente en la relación de parentesco entre el funcionario que realiza la designación y el beneficiario. El nepotismo es una clase de corrupción política”.
En el mismo orden de ideas, la iniciativa constituye un eslabón más en la cadena de propuestas republicanas de fondo que Castello presentó en la Legislatura provincial, como la de establecer pautas objetivas para la imposición de nombres a espacios y bienes públicos y el debate obligatorio entre candidatos a gobernador, a la vez que una nueva defensa de la idoneidad como requisito de acceso a la función pública, argumento central de su postura contraria frente al debate de la Paridad de Género.
Pero en esa línea es que la presentación del proyecto aparece, según los avezados observadores, como “una reacción” del diputado Castello a la sanción de la ley de paridad de género, que en algunos casos estaba azuzada por algunas dirigentes con lazos de parentesco con líderes de diferentes expresiones políticas. El diputado calificó a la ley de Paridad como “inconstitucional, injusta, inmoral, conflictivo y machista”.
“La designación discrecional de familiares sólo es posible por quienes conciben al Estado como patrimonio propio, convirtiendo al sistema republicano en una caricatura del Régimen Feudal” apunta el diputado Castello mientras agrega que “en un sistema republicano no se puede tolerar la prevalencia de la sangre como criterio de promoción a un cargo público”.
En esta tesitura, define al nepotismo como “una variante de clientelismo político que facilita la colonización militante del aparato estatal permitiendo el control político sobre el mismo y resintiendo la obligación republicana de rendir cuentas”.
La iniciativa estipula expresamente sanciones para disponer la nulidad de los nombramientos realizados en contra de lo normado en el texto, pero deja a salvo los derechos de terceros de buena fe.
Respecto a los responsables, tanto quien hizo la designación como el designado, determina que sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por hasta cinco años y que respondan patrimonialmente a título personal por la devolución de los salarios cobrados indebidamente.
Por otro lado, para evitar indefiniciones y eliminar riesgos de inaplicabilidad total o parcial de la norma, se establece a la Fiscalía de Estado como organismo responsable del cumplimiento de la ley por tratarse de un organismo constitucional cuyo titular goza de la garantía de inamovilidad, que lo preserva de presiones políticas.
En esta tesitura, la Fiscalía de Estado debe tomar medidas de transparencia y publicidad que habiliten el control ciudadano e incluso se puede aplicar un procedimiento operativo que obliga a dicha dependencia a notificar todos los casos de Nepotismo a las autoridades pertinentes dentro de los 30 días de conocidos.
“El proyecto viene a vigorizar las instituciones republicanas y a subsanar la débil regulación en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses en la función pública, de los cuales el Nepotismo es uno de los más emblemáticos.
En resumen, y según se desprenden de la declaraciones del diputado, apunta a promover una meritocracia republicana, a garantizar la autonomía de la Administración Pública respecto al poder político, “a consolidar una burocracia profesional y a promover la igualdad de oportunidades para acceder al empleo público en la Provincia”, concluyó Castello.
