El diputado nacional Axel Kicillof resaltó este sábado que la ratificación de la Cámara Federal del fallo en el causa por dólar futuro es “una cuestión de época: la politización de la Justicia”.

“No hemos conocido ningún abogado, jurista, ni especialista que nos pueda confirmar que en algún país del mundo esta situación se pueda considerar un delito. Es la judicialización de la política económica”, explicó Kicillof en declaraciones al programa Secreto de sumario, de Radio 10.

En ese sentido, Kicillof aseguró que “la causa tiene aristas muy alarmantes, porque Bonadio no nos está acusando de habernos beneficiado, ni de haber beneficiado a un tercero, sino que está juzgando una política macroeconómica para impedir una corrida especulativa vinculada a la cuestión electoral, que pretendía forzar una gran devaluación”.

“Siempre fue una causa política. La transformaron en una persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner intentando probar que con esta operatoria habíamos beneficiado a amigos y empresarios cercanos”, repasó el legislador nacional, y agregó: “pero cuando se conoce el listado de quiénes hicieron las operaciones aparece la sorpresa de que, entre muchos otros, hay actuales funcionarios del gobierno de Macri y empresarios ligados a ellos. Nos buscaban a nosotros y se encontraron a ellos. Ahí quedó demostrado que no había ningún hecho de corrupción”.

La implicación de funcionarios del gobierno de Cambiemos genera una nueva causa judicial, en la que sí se está investigando delito de corrupción: “A partir de las declaraciones que Bonadío suma a la causa nos enteramos que estos señores compraron dólar futuro y antes de ser funcionarios del gobierno nacional, negocian con el ROFEX (mercado privado que hace las operaciones) el precio que iban a fijar al dólar futuro. Luego ellos mismos llevan a cabo la devaluación de la moneda en los primeros días de gobierno. Antes de ser autoridades, negociaron la ganancia que iban a obtener gracias a sus medidas” manifestó Kicillof.

“Están haciendo una interpretación caprichosa e insostenible para intentar encajarlo dentro del término de administración infiel, porque no tienen ningún delito por corrupción contra nosotros. Es un absurdo jurídico que tiene como resultado que el Banco Central no debería nunca intervenir en ningún mercado, o sea no ser un Banco Central, sino cerrarlo o ser un mero banco comercial. Es judicializar la política económica”, enfatizó Kicillof.

Y en la misma línea, destacó: “Si se empieza a juzgar con la Justicia penal las decisiones de política económica hoy todas las autoridades del gobierno de Macri estarían implicados por el manejo de la tasa de interés. Si esta causa sienta precedente en materia de política económica va a haber que trasladar el Ministerio de Economía a Comodoro Py”.