Los fiscales piensan que la exmandataria les pasó sus propiedades al diputado Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner para ponerlos eventualmente a salvo del accionar judicial.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron este martes el “embargo preventivo” de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, ante los “sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia”.
Para los fiscales, “se impone la necesidad de adoptar nuevas medidas que se ajusten al caso, y en ese sentido, la adopción del embargo preventivo de los bienes reseñados, se erige a la actualidad como la más adecuada, para resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados”.
Todo esto es en el marco de la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, que investiga actividades irregulares en torno a las sociedades Hotesur, COMA y Los Sauces.
Se trata de 16 inmuebles y las participaciones en las tres sociedades mencionadas, además de un vehículo.
Señalan los fiscales que la exmandataria “decidió ceder y transferir a sus hijos —y estos aceptaron— la totalidad de los derechos sucesorios y de los bienes gananciales, el 10 de marzo de 2016 es decir, pocos días después de que el titular del Juzgado N° 11 del fuero la convocara a prestar declaración indagatoria”.
En los fundamentos, expresan que según la información aportada por la AFIP, las empresas Austral Construcciones, Kank, Costilla y Loscalzo y Del Curto, pertenecientes al detenido Lázaro Báez, durante el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2011 “le transfirieron a la firma que explotaba el hotel Alto Calafate un total de 25.375.987,45 de pesos”. A eso suman los fondos “canalizados presuntamente en forma interesada desde la empresa estatal Aerolíneas Argentinas SA hacia la gerenciadora del hotel de la familia Kirchner durante más de 7 años, lo que representó un beneficio patrimonial por el alquiler de habitaciones de prácticamente tres (3) millones de dólares”.
“Este dinero que era transferido desde las constructoras de obra pública y desde la aerolínea estatal hacia la administradora del hotel Alto Calafate, se giraba luego a favor de la firma Hotesur, para ser finalmente retirado por los Kirchner en concepto de créditos a sus nombres o de préstamos a favor de la empresa Los Sauces —también propiedad de los nombrados— incrementando de ese modo su patrimonio a través del dinero que provendría de los negociados descriptos”, se agrega en el dictamen de los fiscales.
