Una semana después de haber sido presentada la denuncia, el fiscal Guillermo Marijuan resolvió imputar al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay, por el decreto que incluyó a familiares de funcionarios en el blanqueo de capitales.

La denuncia había sido presentada el 6 de diciembre pasado por los diputados nacionales de Libres del Sur Victoria Donda, Federico Masso y Graciela Coussinet, ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4 de Ariel Lijo, por la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 de nuestro Código Penal, el que textualmente plantea: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

El fiscal Guillermo Marijuan dio curso entonces a la denuncia activada por el Decreto 1206/2016 firmado la semana pasada por los imputados que a juicio de los denunciantes contradice explícitamente la ley 27260 que aprobó el Congreso en relación al blanqueo de capitales, ya que habilita a familiares de funcionarios a ingresar al mismo, cuando la ley lo prohíbe explícitamente.

Victoria Donda había dicho esperar “que el juez Lijo de lugar a la denuncia, ordene la derogación del decreto e investigue las razones por las que se dictó. Los argentinos honestos estamos cansados de escuchar discursos que plantean una falsa moral y una ética mentirosa que solo se aplica para las campañas electorales y los adversarios políticos. Queremos enfrentar la corrupción en serio, sin importar de qué partido político sean los corruptos o evasores”.