Las modificaciones a la ley 104, aprobada en 1998, cosechó 54 votos a favor y 3 abstenciones. El debate estuvo marcado de emotividad y homenaje a la legisladora Cecilia De la Torre, quien trabajó en el proyecto y atraviesa un crítico estado de salud.
La Legislatura de la Ciudad sancionó, con 54 votos positivos y 3 abstenciones, una reforma a la ley 104, de Acceso a la Información Pública, a partir de un texto consensuado entre un proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y propuestas de los bloques de la Coalición Cívica y SUMA+.
“En una democracia moderna, el Estado tiene la obligación no sólo de rendir cuentas sobre su actuar, sino también de abrirse a la sociedad, facilitando la participación ciudadana en procesos de auditoría o de toma de decisiones”, expresan los fundamentos de la iniciativa para modificar la norma aprobada en 1998.
El debate estuvo marcado por las palabras de acompañamiento para con Cecilia de la Torre, la diputada del Pro y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales -donde se trabajó el proyecto-, quien atraviesa un grave estado de salud.
El primer orador fue el diputado oficialista José Luis Acevedo, quien remarcó que la ley 104 significó un “paradigma” en su momento, pero era “una ley de apenas dos artículos” que necesariamente requería “una renovación”. “Con esta ley de seguro damos por terminado el juego de las escondidas en la administración pública”, señaló.
“Es muy difícil estar tratando este proyecto sin la presencia de la diputada Cecilia De la Torre”, comenzó la legisladora Natalia Fidel (SUMA+), a lo que el resto del Cuerpo acompañó con un largo aplauso de pie.
Fidel destacó que con la nueva norma se pasa “del acceso a la información al concepto de transparencia activa” y además el Estado “ya no es un agente pasivo que tiene que estar esperando una solicitud” de información, sino que debe tener una postura activa en brindar los datos.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro aseguró: “Es una muy buena ley, a la altura de las circunstancias, porque va a distribuir poder hacia la ciudadanía”. “El acceso a la información es una herramienta útil para el ejercicio de otros derechos políticos, sociales o económicos. Apunta a mejorar la calidad de vida de las personas, y a mejorar los actos de gobierno y que los distintos poderes del Estado se abracen a la transparencia”, agregó.
Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) evocó el trabajo por el consenso llevado a cabo por De la Torre, quien –dijo- “construyó una ley que es ampliamente superadora de la ley 104”. Asimismo, calificó la nueva norma como “una de las mejores leyes que puede haber hoy como instrumento en Argentina”.
Emocionado, el jefe del bloque Pro, Francisco Quintana, leyó el discurso que la diputada De la Torre había preparado para el debate, previo a su operación. “Hoy sin dudas es un día para celebrar”, comenzaba el discurso que la legisladora iba a dar en el recinto este jueves y destacaba que la reforma de la ley provocará “participación, transparencia, modernidad, apertura”.
Según establece la ley, en su artículo 1º, “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna” y para ejercer el derecho de acceso a la información pública “no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición”.
Estarán obligados a brindar información los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las Comunas, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Procuración General de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo porteña, la Sindicatura General de la Ciudad, la Auditoría General de la Ciudad y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos porteño.
El listado lo completan “organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones sindicales, partidos políticos, institutos educativos y cualquier otra entidad a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Gobierno de la Ciudad”.
Los sujetos tendrán que aportar la información dentro de los 15 días hábiles de recibida la solicitud, mediante documentos escritos, fotográficos y grabaciones. Sin embargo, se contemplan excepciones como por ejemplo cuando afecte la intimidad de las personas o cuando la divulgación “pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública”.
El artículo 18º establece el “Plan de Transparencia Activa” por el cual los sujetos obligados a dar información deberán “publicar en sus respectivas páginas web, de manera completa y actualizada y en lo posible en formatos abiertos y reutilizables”, su estructura orgánica, funciones, e información institucional; la nómina de autoridades y personal; presupuestos ejecutados, escalas salariales, contrataciones y licitaciones, etc.
