La Iglesia cuestiono a través de un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, la propuesta del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien confirmó que la idea del gobierno nacional es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido.

En este sentido, el episcopado le pidió al gobierno que no convierta a los jóvenes infractores de la ley penal en “enemigos sociales”, ya que consideraron que la medida “no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”. De esta manera también exigieron que se respeten los derechos de los chicos.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) explicaron que “un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres” y que debido a esto “cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral”. De esta manera, desde el circulo eclesiástico subrayaron que no hay que “mirar solamente la 'fotografía' del hecho” sino comprender el entorno en el que se encuentran insertos los menores.

Desde la CEA aseguraron que de esta manera se podría advertir “la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”.

Para avalar sus argumentos, el episcopado cito una frase Jorge Bergoglio cuando era Arzobispo de Buenos Aires, en la cual aseveraba que “frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.

Por aquel entonces, Bergoglio en la “Carta por la Niñez” remarcò que “si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados” y añadió que “esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores”.