El 12 de enero de 2002, el histórico dirigente socialista Alfredo Bravo accionaba judicialmente por la banca del Senado que perdía precisamente por una decisión judicial.

Bravo, con el apoyo de Juan Carlos Dante Gullo, había obtenido mayor cantidad de sufragios en las elecciones del pasado 14 de octubre del año anterior, pero luego de que la Junta Electoral lo consagrara senador, la Cámara falló en contra y decidió que la banca era para Gustavo Beliz.

Ante ello, Bravo denunciaba por fraude a Beliz y reclamaba el procesamiento de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné, a quienes les imputaba los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y engaño al electorado por haber falseado el resultado del escrutinio y cambiado el sentido del voto del pueblo. También se presentaba ante el Consejo de la Magistratura solicitando la destitución de los camaristas por la comisión de delitos y mal desempeño.

No obstante pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto Bravo como sus abogados, recusaban también a todos sus miembros, en base a los reiterados pedidos de juicio político que el diputado llevaba presentados en su condición de presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

A través de un escrito de 130 páginas se detallaban una serie de irregularidades cometidas por los camaristas, entre ellas que al fiscal le ocultaron el expediente, por lo que no pudo intervenir en el juicio. Además, el texto dice que “ocultaron pruebas decisivas para resolver el caso y en forma desnaturalizaron el voto con la intención de favorecer a quien no fue consagrado en las urnas”.

El diputado socialista consideraba que ante esto “la Justicia Criminal deberá investigar también a Beliz y sus representantes”.