“Es muy grave que el Gobierno nacional decida gobernar por decreto porque no tiene la capacidad de construir consensos en el Congreso”, reprochó Lucila De Ponti.
En el marco de los decretos de necesidad y urgencia 52 y 54 de 2017, a través de los cuales el presidente Mauricio Macri modifica el calendario de feriados nacionales por un lado, y el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo por el otro, la diputada nacional del Movimiento Evita Lucila De Ponti señaló que “es muy grave que el Gobierno nacional decida gobernar por DNU porque no tiene la capacidad de construir consensos en el Congreso. Todas estas decisiones terminan siendo inconstitucionales y rechazadas cuando no puede probarse la existencia de la necesidad ni de la urgencia”.
“El oficialismo podía convocar a sesiones extraordinarias en febrero si tenía apuro por modificar el calendario de feriados y el sistema de ART, sino de esta manera se toman decisiones que son ilegítimas y algunas repudiables como es la decisión de incluir al 24 de marzo o al 20 de junio entre los feriados movibles”.
“El lugar natural para dar este debate es el Congreso”, insistió.
En cuanto a la decisión de modificar el sistema de ART, ley que ya contaba con media sanción del Senado, la legisladora santafesina subrayó: “No se puede tomar decisiones que afectan los derechos de los trabajadores a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, cercenando la participación en el debate de los legisladores y de los representantes de los trabajadores, el lugar natural para dar este debate es el Congreso”. Aagregó que le preocupa “el apuro en modificar cuestiones que tienen que ver con el modelo laboral y las condiciones de trabajo en nuestro país, en este caso la protección y el acceso a la Justicia de los trabajadores que son víctimas de accidentes laborales, porque pueden terminar vulnerándose derechos conquistados”.
Lucila De Ponti sostuvo que “es un tema que debe ser analizado con cautela, porque el objetivo de este sistema es proteger a los trabajadores en su desempeño laboral y en la posibilidad de acudir a la Justicia, y este gobierno ha manifestado su voluntad constante de favorecer al empresariado a través del denominado costo laboral, entre los cuales uno de los temas a abordar es el de la justicia laboral”. Para finalizar aseveró: “Vamos a intervenir desde nuestro rol legislativo para que estos decretos queden sin efecto y que las leyes sean discutidas en el Congreso como corresponde. Claramente el latiguillo de 'república y división' de poderes que usaron en la campaña lo abandonaron al llegar al poder, decidiendo gobernar por decreto y en contra de los derechos de los trabajadores”.
