Antes de partir para pasar el fin de semana descansando en Chapadmalal, el presidente Mauricio Macri dejó firmado un nuevo decreto de necesidad y urgencia que se conocerá el próximo lunes. Esta vez se trata del que endurece la política de control inmigratorio, tema del que se viene hablando desde hace al menos dos semanas y del que parlamentario.com anticipó que se conocería sobre el final de la presente semana o el comienzo de la próxima.

En efecto la semana arrancará entonces nuevamente con la publicación de un DNU que si bien puede aparejar cierta polémica, esta vez no se prevé que genere controversias serias con la oposición. Pasa que, previendo eso, el Gobierno consensuó determinados pasajes del texto con representantes de la oposición a los que necesita para evitar problemas en el Congreso.

En este caso, las partes con las que dialogó el Gobierno son el senador Miguel Angel Pichetto y allegados a Sergio Massa. Contando con la anuencia de ambos, está garantizado un pasaje no traumático por la Bicameral de Seguimiento de los DNU, primero, y las cámaras después.

Al texto que se conocerá este lunes se le echó un último vistazo en la reunión de coordinación que se realizó este viernes, encabezada por el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el vicejefe, Mario Quintana; la canciller Susana Malcorra y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien esta última semana fue una de las voces encargadas de anticipar lo que viene en materia migratoria. Allí se establece que no habrá que esperar que un extranjero tenga condena firme por un delito que cometa para ser expulsado o que se impida su ingreso al país. Es que las autoridades argentinas podrán proceder cuando ya exista condena en primera instancia o procesamiento firme dictado por una cámara de apelaciones.

Cabe aclarar que esto teniendo en cuenta delitos que prevean privación de la libertad.

Según adelantó Clarin.com, habrá una referencia a “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, para acortar a por lo menos dos meses los plazos administrativos y judiciales que deben cumplirse para legitimar la expulsión de un inmigrante por motivos legales.

La expulsión implicará la prohibición para el reingreso al país por plazos que van desde los 8 años a perpetuidad.

El tema fue adelantado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, al presidente del bloque PJ-FpV, Miguel Angel Pichetto, en ocasión del encuentro que mantuvieron a principios de año para hablar sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, y luego se volvió a hablar con el senador para especificarle las características que tendrá el decreto oficial, que va en consonancia con un proyecto de ley que presentó él recientemente en la materia. Cabe recordar que en declaraciones formuladas esta semana, Pichetto adelantó su respaldo al DNU que se dispone a publicar el Gobierno nacional para endurecer la política inmigratoria, al señalar que no le parece mal. “Se trata de que Argentina no reciba sujetos con antecedentes penales. Especialmente delitos complejos, como narcotráfico, contrabando, trata de personas”. Destacó que se proponga expulsar a los extranjeros que cometan delitos con penas superiores a tres años y aclaró que “no es discriminación ni xenofobia”.

También se habló del tema, como dijimos, con representantes del massismo. En este caso los interlocutores fueron el diputado provincial bonaerense Ramiro Gutiérrez, y el especialista en temas de seguridad Diego Gorgal. En ese diálogo se habló de resguardar las reformas de tipo penal, que solo deben hacerse por ley y no por decreto.

Queda claro que en el Gobierno prestaron especial atención esta vez a las recomendaciones de las espadas legislativas de Cambiemos, respecto a reservar el uso de los decretos para casos muy especiales o que ya estén consensuados. Seguramente este decreto llegará rápidamente al Congreso y estará listo para ser discutido en la Comisión Bicameral en la reunión prevista para este jueves.