A más de un mes de haber sido sancionada por el Congreso, movimientos sociales presionan al Gobierno por la reglamentación de la ley de Emergencia Social.

Pese a que desde el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, niegan una “demora” en la implementación de la norma, las diferentes organizaciones reclaman por la delicada situación que atraviesan los trabajadores de la economía popular.

Manifestantes de los distintos movimientos sociales cortaron, parcialmente, este martes el Puente Pueyrredón, en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Los militantes de organizaciones sociales también reclamaron que los reciba la ministra Stanley, para pedirle que se les den “condiciones dignas a los miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

Esteban Marcioni, dirigente del Frente Popular Darío Santillán, explicó que el corte es para que “se reglamente la ley de Emergencia Social y que se haga una convocatoria amplia al Consejo de Economía Social” porque la situación que se está viviendo en los barrios “es realmente muy grave”.

La manifestación comenzó más temprano con un corte en la intersección de las calles Callao y Corrientes, continuó con una concentración en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Avellaneda) y siguió con la movilización a Puente Pueyrredón, donde dejaron un carril libre para la circulación de autos.

“El Gobierno lejos de escuchar está tomando decisiones rápidas, como el aumento de tarifas, y no da respuestas a beneficios a los trabajadores, como sería la ley”, agregó Marcioni.

Mediante la norma se declara la emergencia por el plazo de tres años y además crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.