La entrerriana Sigrid Kunath mostró su preocupación por la decisión administrativa, que a su juicio “ no sólo ignora la decisión del Poder Legislativo, sino que además ignora la actual situación de las mujeres en nuestro país”.
La senadora nacional Sigrid Kunath presentó un proyecto de comunicación solicitando precisiones al Poder Ejecutivo respecto de la decisión administrativa de recortar los fondos correspondientes al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
“La políticas públicas destinadas a luchar contra las violencias es sin duda un tema que resulta prioritario para toda la sociedad, en especial ante la compleja situación por la que nuestro país se encuentra transitando y es fundamental que el Poder Ejecutivo de explicaciones sobre la subejecución de este presupuesto”, explicó Kunath.
“Resulta preocupante el modo en que el Gobierno Nacional ha ignorado la decisión del Poder Legislativo que durante el debate parlamentario de la Ley de Presupuesto otorgó una suma adicional al presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres y una partida específica destinada al destinada al Plan Nacional de Acción, realizando una reasignación de partidas que afectan profundamente el funcionamiento de las políticas públicas destinadas a las mujeres”, afirmó la legisladora.
Asimismo, la senadora se refirió a la modalidad con la que se efectuó el recorte, es decir, por medio de una decisión administrativa: “Esta modificación presupuestaria no sólo ignora la decisión del Poder Legislativo, sino que además ignora la actual situación de las mujeres en nuestro país, el peligro en el que las mismas nos encontramos por el sólo hecho de serlo. Disminuyendo los recursos, ya escasos, para la prevención, atención y asistencia de la violencia de género”.
Por último señaló la tendencia del Poder Ejecutivo de modificar el espíritu de las leyes sancionadas en el Congreso al decir que “meses atrás se permitió a través de un decreto reglamentario que los familiares de funcionarios públicos se incorporen al régimen de blanqueo de capitales establecido en la Ley 27.260, en abierta contradicción con las exclusiones que la propia Ley dispone, y que fueron ampliamente debatidas a lo largo de todo el trámite parlamentario. Situación análoga ocurre ahora con el recorte de fondos que el Congreso decidió destinar a las políticas públicas que tienen a las mujeres como principales destinatarias”.
