Luego del escándalo por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un proyecto para modificar la ley de Ética Pública, y dijo que son “necesarias” nuevas normas para “evitar nuevos conflictos”.

“Hoy un funcionario, en lugar de un escrito detallado de sus bienes, presenta con suerte, información como para un tweet de 140 caracteres”, ironizó la líder del GEN.

Para la legisladora, el Gobierno “debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir”.

“Hay que extremar los cuidados en el manejo de los recursos privados y los recursos públicos, los conflictos de intereses y el nepotismo”, agregó.

En su iniciativa, Stolbizer propone que en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos queden visibles sus vínculos entre el sector público y el sector privado y que se incluya a integrantes de los tres poderes del estado y a los familiares. También que se visibilice la evolución patrimonial.

“Tenemos que crear marcos legales adecuados que permitan erradicar las condiciones que favorecen la corrupción”, expresó.

Y continuó: “El político que no esté dispuesto a que sus cuentas, su vida y sus sociedades sean transparentes y puedan ser sometidas al control social y legal, es mejor que se dedique a otra cosa. No puede haber secreto fiscal ni de ningún tipo para los funcionarios públicos”.

“El kirchnerismo destruyó las instituciones y también las reglas de la ética. Por eso hay que reformar la ley e incorporar más requisitos en las declaraciones juradas, para que toda la información este allí y sea accesible y no pueda haber ‘olvidos’ de ningún tipo”, dijo.

Para la diputada hay que modificar el tratamiento de los conflictos de intereses, que generan la confusión de empresarios devenidos en funcionarios y políticos que pasan sin intervalos a ser CEO’s de empresas relacionadas con el Estado.

En el mismo proyecto se establece la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública, luego de la derogación por la reforma kirchnerista de la Comisión que se había establecido en la ley original.

Entre los fundamentos, Stolbizer menciona que: “Los problemas vinculados a la falta de ética en el ejercicio de la función pública no se relacionan solamente con una cuestión moral. En nuestro país representan un enorme desvío de fondos públicos que dejan de aplicarse a las necesidades de la población y, lejos de ellos, corrompen comportamientos políticos, gremiales, económicos y culturales”.

“Las voluntades políticas de los distintos actores muchas veces se compran y se venden; y a causa de la corrupción se omiten controles, se direccionan licitaciones, se defienden intereses espurios, se amasan fortunas y se abandonan responsabilidades indelegables en un país donde la pobreza y la indigencia muestras índices inaceptables. Es muy difícil pretender y alegar la defensa de la redistribución de la riqueza y de los ingresos si al mismo tiempo no se lucha por desmantelar los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país”, añadió.