Un nuevo capítulo se suma al escándalo por el acuerdo entre el Estado nacional y Correo Argentino S.A.: el Congreso aprobó que la Auditoría General de la Nación intervenga en el caso y se expida en un plazo de 90 días, prorrogable por 30 días más si así lo requiere.

El dictamen se firmó por unanimidad en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que preside el senador José Mayans (PJ-FpV). En la reunión que se llevó a cabo este miércoles, en el Salón Illia del Senado, la bicameral solicitó que se realicen estudios técnicos de gestión en el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones.

A través del proyecto de resolución, se encomendó un “estudio especial” sobre “el crédito que el Estado detenta en el concurso preventivo de acreedores” y, a pedido de la diputada Carla Pitiot, un relevamiento de la situación de los reclamos administrativos y judiciales entre el Estado y el Correo, empresa que administró la familia Macri. También se sugirió que la AGN convoque para su análisis al juez del concurso, síndicos, funcionarios y especialistas, entre otros.

El Gobierno, a través de Marcos Peña, había pedido un “veredicto técnico” al organismo “antes de suscribir una postura definitiva”, pero el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, lo rechazó y dijo que el órgano de control no podía actuar a instancias del Poder Ejecutivo. Por ello, los legisladores oficialistas Luis Petcoff Naidenoff, Gustavo González Álvaro, Luis Borsani y Mario Negri motorizaron el pedido en el Parlamento.

Durante la reunión, el vicepresidente de la comisión, el diputado radical Luis Borsani sostuvo que “es necesario esclarecer el hecho” y “darle transparencia”, destacando que “a través de la AGN”, el Congreso encuentra “el mecanismo para analizar este tema”.

Por su parte, el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, reconoció que el pedido del jefe de Gabinete debería haber sido al Congreso. El radical consideró que la información aportada por la AGN dará “garantía” ante “la sensibilidad del tema” y “por lo que significa al honor a la transparencia”.

Resaltó que la AGN es un contralor comandado por la oposición y aclaró: “No queremos que la AGN se contraponga con la Justicia, pero servirá para una contribución del Parlamento al esclarecimiento del hecho”.

En tanto, el jefe de la bancada del FpV-PJ, Miguel Pichetto, dijo que “es importante que el Congreso cuente con la información necesaria y tenga precisiones sobre el alcance del acuerdo” y recordó que el Correo “ha sido uno de los organismos más auditados”.

Para la ultrakirchnerista Virgina García, el convenio se trata de “un excelente acuerdo para un grupo empresario” ya que cuenta “con una quita del 98,2 por ciento”. Y denunció que “no hubo voluntad por parte de Cambiemos de que pudiéramos conocer los términos del acuerdo, porque la información se filtró mediáticamente”.

Sin embargo, el diputado del Pro Gustavo Álvaro González señaló que “el acuerdo no es secreto” sino que “se da en la Justicia”, y también echó responsabilidades sobre la gestión anterior, porque “la no resolución trajo aparejada la licuación de la deuda”. Expresó que una vez que se tengan “datos objetivos” se podrá “dar la discusión política”.

En defensa del gobierno kirchnerista salió el legislador Carlos Castagneto, quien subrayó que cuando el Correo se volvió a estatizar “fueron irrisorias las propuestas que hicieron los dueños”. “No es que no se hizo nada”, afirmó. Mientras que su par Julio Solanas calificó al hecho como “absolutamente grave” y aseguró que “es imposible pensar que el presidente no lo supiera”.

Al comienzo de su reunión, la bicameral ratificó a sus autoridades y se informó que el senador Ernesto Martínez (Pro) pasará a ocupar el lugar de Luis Petcoff Naidenoff.