La consultora Diagnóstico Político, que mide la cantidad de piquetes registrados en todo el país, verificó una merma significativa en los meses de enero y febrero de este año con relación al mismo período de 2016. Pero los datos que surgen de marzo hacen parecer esa disminución en una toma de impulso para lo que se está dando.

En efecto, una primera mirada de los números de los meses más calientes del verano sugeriría darle la razón a los que pensaron que con la sanción de la Ley de Emergencia Social las protestas callejeras pasarían a un segundo plano. Las primeras semanas de marzo alcanzaron para relativizar categóricamente esa aseveración. En rigor, la temporada de piquetes no arranca nunca en el tórrido verano; en todo caso, lo que disminuyeron en 2017 fueron los cortes de calles por apagones, corroborando así una afirmación que el Ministerio de Energía difundió la última semana: este verano se redujo un 42% la cantidad de afectados por los cortes de luz en Capital y el Conurbano. Al cabo, una buena noticia entre la maraña de datos negativos que no para.

Lo cierto es que marzo muestra un crecimiento exponencial de la beligerancia piquetera, contradiciendo a las autoridades porteñas que habían anticipado que a partir de enero, una vez estuviera vigente la nueva Policía de la Ciudad, comenzarían a actuar frente a esto. La situación fastidia al Presidente, que se lo hizo saber a Horacio Rodríguez Larreta en privado y públicamente. En diciembre, la parsimonia oficial parecía un justificado gesto de cautela en vísperas de unas fiestas que claramente muchos querían teñir de color rojo; pero ya no hay excusas para la inacción. Lo curioso es que ese es precisamente el pensamiento de los funcionarios que habitan la Casa Rosada, y sin embargo las quejas e ironías por el libre albedrío del que parecen gozar los piqueteros tienen al Gobierno nacional como destinatario principal.

Ahora dicen en la Jefatura de Gobierno porteño que a partir del 1 de abril pasarán a la acción frente a los cortes de calles, aunque también aclaran que necesitan fiscales y jueces que actúen con celeridad. Ante el escepticismo que genera esa nueva promesa, esgrimen como ejemplo el desalojo de los manteros en Once, operativos que también recibieron críticas iniciales, pero a la postre resultaron eficaces.

Queda claro que el objetivo de quienes quieren mostrarse como los dueños de las calles es esmerilar al gobierno. Todos los días de la última semana hubo manifestaciones, pero particularmente el miércoles, con los movimientos sociales diseminando cortes y ollas populares por toda la Ciudad. Mirando una de las cuatro pantallas de su despacho que transmitía uno de los múltiples cortes, un funcionario nacional minimizó el efecto corrosivo de esas protestas contra el gobierno, y ante la pregunta de este medio sobre si pensaba que esas imágenes terminarían jugándoles a favor en la campaña electoral, respondió afirmativamente. “Los que votaron por el cambio hace un año seguirán teniendo ese mismo deseo en las próximas elecciones, y se dan cuenta de quiénes están detrás de todo esto y qué desean”, señaló nuestra fuente, mientras confirmaba de paso un tema que le demandaba más atención en ese momento: la salida de Carlos Regazzoni del PAMI que poco más de una hora después se oficializaría.

Negó que el excandidato a intendente de Almirante Brown hubiera sido echado, y aseguró que en realidad se iba porque “quiere ser candidato” en octubre. ¿Y qué mejor que serlo desde un cargo como ese? “No, el PAMI es un lugar muy delicado como para estar al frente y hacer campaña al mismo tiempo”, repuso el funcionario. Lo cierto es que las cualidades de Regazzoni como comunicador son bien ponderadas en lo más alto del poder, y un activo valioso que seguramente lo pondrá en un lugar destacado de las listas bonaerenses, para la campaña y para la masa crítica que el oficialismo busca generar en el futuro Congreso.

“No habrá muchos funcionarios en las listas”, adelantó la fuente, para ironizar luego respecto de las versiones sobre un recambio de gabinete que vienen desde fines del año pasado: “Siguen errando”.

Todos los gestos de uno y otro lado están teñidos por el tono de la campaña electoral, que no tiene candidatos definidos, pero sí estrategias bien diferenciadas. Con una oposición dura que no quiere darle tregua al Gobierno y le copa las calles, y un oficialismo que se repliega buscando dejar expuestos a sus adversarios, a la espera también de buenas noticias que se demoran.

En ese contexto, ninguno de los conflictos abiertos está en vías de solución. El de los docentes, si bien abarca casi todo el país -incluido el distrito natal del Gobierno-, está centralizado en la provincia de Buenos Aires, donde parece librarse la madre de todas las batallas. Allí Cambiemos expone a su pieza principal, María Eugenia Vidal, que ha mostrado durante este conflicto de tan difícil resolución una diversidad de alternativas que han merecido elogios de propios y extraños. De entrada nomás el Gobierno bonaerense buscó polarizar con Roberto Baradel, a quien definen despectivamente como “kirchnerista”. Van más allá: “No quiere que al Gobierno le vaya bien, está en contra de todo”, señalaron a este medio fuentes provinciales, que se preguntan “¿qué dejó la representación de Baradel al sector docente y educativo en los últimos 15 años? ¿Cuál es su modelo educativo? Las escuelas son un desastre”.

“Baradel hace política, no defiende el verdadero interés de los maestros”, enfatizó ante este medio un funcionario bonaerense, en vísperas de que el líder de Suteba anunciara la prosecución de un paro que el Gobierno provincial considera que se está “desinflando”. Señalan en ese sentido la división que afloró en el frente gremial docente el jueves, al cabo de una masiva marcha docente en La Plata. Ese día decidieron continuar el paro el viernes Suteba y Udocba. 65 mil afiliados tiene el primero y 17 mil el segundo, sobre un total de 280 mil maestros, de los cuales solo la mitad tiene afiliación gremial.

En ese contexto la CGT confirmó finalmente la fecha de su primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. Será el 6 de abril y llega al mismo ante el asedio al que se vio sometido su triunvirato de conducción a partir del acto realizado frente al Ministerio de la Producción, en el que como nunca la CGT se vio desbordada por sectores radicalizados. Si bien sus dirigentes no ahorraron críticas contra el Gobierno al anunciar la medida, quedó claro que llegaron a ese punto obligados por las circunstancias. Será un paro sin movilización, cuya contundencia está garantizada por la adhesión de la UTA. Tenía motivos el gremio de Roberto Fernández para poner reparos, después de que un fallo de la Justicia revocara la personería gremial de los metrodelegados, pero no había margen político para distanciarse de la medida.

Siempre lista, la izquierda -que obviamente abogaba por un paro con movilización- adelantó que le pondrá color y calor a esa jornada armando piquetes y movilizaciones. Su referente Néstor Pitrola criticó el tipo de protesta anunciada por la CGT, a la que calificó como “paro dominguero, conversado con Macri”. Por el contrario, llamó a hacer “un paro activo para que con un millón de trabajadores en Plaza de Mayo quebremos definitivamente la política del Presidente”.

La CTA, que Baradel sueña con conducir, ya había anunciado un paro para el 30 de marzo, que seguramente tendrá movilizaciones como las que reclamó Pitrola -aunque no tan multitudinarias como desea-, y por supuesto se sumó al paro cegetista del 6 de abril. Para esta semana persistirá el conflicto con los maestros -“la huelga de los docentes abre la ruta al movimiento obrero argentino contra el ajuste”, sostuvo el diputado Pitrola-, y el eje principal estará en la Marcha Federal que confluirá el miércoles en la Ciudad en reclamo de una paritaria nacional. Las protestas abarcarán hasta el viernes, el Día de la Memoria, con movilizaciones que este año se anticipan más nutridas tras la polémica que rodeó el ya rectificado decreto sobre los feriados.

Como se ve, un clima espeso que muestra a un gobierno que debió ceder el control de la calle de manera prematura, y cuya decisión de alertar sobre maniobras desestabilizadoras genera objeciones de quienes advierten que si bien puede ampliar sus posibilidades electorales, lo debilita.