Legisladores del oficialismo y la oposición condenaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para ejercer competencias parlamentarias, y anular así el funcionamiento del Poder Legislativo en ese país.

La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, presentó un proyecto de declaración donde manifestó su “más rotunda condena al golpe de Estado ocurrido el 30 de marzo en la República Bolivariana de Venezuela, al haber el Tribunal Supremo de Justicia de ese país tomado las competencias de la Asamblea Nacional y despojado de sus fueros a los legisladores de ese Estado en clara alteración del orden constitucional”.

Y llamó a exhortar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que “aplique la Carta Democrática Interamericana o excluya a Venezuela de esa organización”.

En el mismo sentido, lo pidió Sergio Massa (Frente Renovador), quien dijo: “Frente al golpe de Estado en Venezuela invocamos la Carta Democrática. Debemos defender la democracia, pero sobre todo al pueblo venezolano”.

Asimismo, Margarita Stolbizer publicó este viernes en su cuenta de Twitter que “Venezuela sufre un brutal ataque a la democracia y a la representación del pueblo que viola los derechos humanos y deslegitima a su gobierno”. “Argentina debe reclamar a la OEA una actuación urgente ante el autoritarismo en Venezuela que afecta la democracia y los derechos humanos”, coincidió.

Desde el Pro, a través de un comunicado de la diputada Cornelia Schmidt Liermann, diputados condenaron el “golpe de Estado perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro” y la “violación del Principio de Separación de los Poderes del Estado”.

Schmidt-Liermann -quien participó de la reunión con Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López- pidió que “ante el apoyo expresado por 20 países de la OEA, se examine en dicho organismo la posibilidad de aplicar lo antes posible las medidas convenientes para restaurar la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos en Venezuela”.

También, que se decida la liberación de “los 110 opositores políticos” que se encuentran presos, la “anulación de las leyes antirrepublicanas aprobadas por el Parlamento, la intervención gubernamental del Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral controlados por el gobierno”.

Además, solicitó que se habilite el “suministro de ayuda internacional ante la agudización de la grave situación económica y alimentaria que vive el país” y se convoque anticipadamente a elecciones, con el fin de “evitar mayor confrontación”.

Por su parte, el radical Ricardo Alfonsín también se sumó al repudio y condenó “la ruptura del orden constitucional en Venezuela” y coincidió en que “se debe aplicar la Carta Interamericana de Defensa de la Democracia ya”.

Desde el bloque Justicialista, que conduce Oscar Romero, alertaron que el fallo “es contrario a los principios democráticos”. “El funcionamiento independiente de los poderes debe ser siempre garantizado”, afirmaron.

“El órgano de los representantes del pueblo ha sido anulado negando este derecho fundamental a la ciudadanía. Esperamos que se restablezca el estado de derecho en el corto plazo. Velamos porque el pueblo venezolano y sus dirigentes puedan encontrar los mecanismos internos adecuados para resolver pacíficamente los conflictos que provocaron estos lamentables acontecimientos”, sostuvieron desde la bancada que integra Diego Bossio.

Señalaron que “la resolución de los conflictos solo puede darse a través de la profundización de la democracia. Nunca la salida de un conflicto debe ser un escenario autoritario”. Y finalizaron: “La historia de América Latina ha estado teñida por permanentes interrupciones democráticas que nunca han resultado en beneficio del pueblo. Siempre hay que respetar las mayorías populares, no hay un sistema mejor que se haya inventado para resolver los conflictos”.