Avanzarán con un régimen de protección de víctimas de delitos, pero le harán cambios

Un plenario de comisiones de la Cámara alta realizó una nueva ronda de consultas sobre el proyecto que propone la asistencia legal gratuita y la creación de centros de asistencia. Hubo coincidencias en la necesidad de contar con la norma, aunque el proyecto sufrirá modificaciones.

El Senado retomó el debate sobre el proyecto de ley de protección de víctimas de delitos, que cuenta con media sanción de Diputados. Sin embargo, este miércoles todavía no se firmó el dictamen.

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Illia en una nueva ronda de consultas. Durante el plenario de comisiones presidido este martes por el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV), hubo coincidencias en avanzar en el tratamiento del proyecto de ley. Tanto el senador Guastavino, como la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y los tres familiares de víctimas de delitos que expusieron esta tarde en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, estuvieron de acuerdo en avanzar el análisis y tratamiento exhaustivo del proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Según pudo saber parlamentario.com, es seguro que habrá cambios en el proyecto, pues fuentes del Senado consideran que “así como está, el proyecto es inaplicable”. De tal manera, el proyecto volverá a Diputados.

En primer lugar, expuso la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien aseguró que desde el organismo que encabeza “es obligación garantizar que las víctimas tengan adecuado acceso a la justicia”.

“Estoy absolutamente a favor de una protección legal de las víctimas porque, en general, no son tratadas con el respeto que merecen y no se les reconoce su rol de sujeto de derecho”, expresó.

En tanto, sobre la iniciativa, resaltó que “no prevé de dónde van a salir los fondos”, tal como pasó con la ley que establecía el patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género. También advirtió que hay disposiciones que deberían estar contempladas en el Código Procesal Penal, ya que hay “mucha dispersión normativa y las normas que no están en el Código corren el riesgo de ser ignoradas por los jueces”.

“Creo que la víctima debe tener acompañamiento, la posibilidad de convertirse en querellante y un asesor letrado”, sostuvo Martínez, al tiempo que advirtió que un defensor para cada víctima es algo “imposible”.

Por su parte, Guillermo Bargna, padre de Soledad, asesinada el 22 de mayo 2009 por un vecino en un intento de violación, pidió que los familiares puedan ser querellantes directos en las causas. “¿Por qué el padre no es querellante si le asesinaron a la hija?”, se preguntó. Instó a terminar con el concepto de que los familiares buscan “venganza”. “Lo que queremos es justicia, pero no creemos en la justicia penal tal como está planteada hoy”, dijo.

“Estamos convencidos de que tiene que haber una ley nacional de Protección de los Derechos y Garantías de las Víctimas, por eso estamos citando a todos los que tienen algo que aportar a este proyecto”, afirmó Guastavino. Y agregó: “Venimos trabajando justamente para hacer la mejor ley, la que pueda aplicarse y no pueda ser cuestionada bajo ningún punto de vista”.

También expusieron Graciela Pera, madre de Matías Díaz, asesinado el 19 de marzo de 2004 en San Fernando; Roberto Walter Almeida, viudo de Ana María Domínguez, asesinada el 10 de abril de 2000. Asimismo hicieron uso de la palabra Hernán Gullco, profesor de Derecho de la Universidad Di Tella y la licenciada Graciela Dubrez, Presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones.

El plenario de Comisiones para el tratamiento del mencionado proyecto volverá a reunirse el próximo martes 18 de abril, a las 14. Hablarán ese día Carolina Píparo, Matías Bagnato, Emmanuel Terrón, la doctora Raquel Asensio, y el doctor Fernando Díaz Cantón.

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